Diferentes sectores políticos de Colombia apuraron el martes al Congreso para que inicie las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña electoral, tras la polémica revelación de unos audios de altos cargos de su gobierno que han sacudido al país.
En las grabaciones, el exembajador del país en Venezuela, Armando Benedetti, quien tuvo una participación activa en la campaña presidencial de Petro, afirma que hizo “cien reuniones” a favor del entonces candidato Petro y que “consiguió” cuatro millones de dólares para su candidatura a la presidencia de Colombia.
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Tanto el Congreso como la autoridad electoral tienen a cargo hacer averiguaciones sobre si esos aportes fueron debidamente reportados o cumplían las normas sobre montos máximos.
En los mismos audios revelados por la Revista Semana, Benedetti increpa a la exjefa de gabinete de Petro, Laura Sarabia -con quien mantiene una pugna por presuntas escuchas ilegales que les costó el cargo a ambos - , por la mala relación e insinúa que puede hacer revelaciones que tengan consecuencias para el gobierno.
“Si tú quieres que te amenacen, yo salgo y cuento todo lo que sé, que es bastante para acabar con el mundo, con el de ustedes y con el mío”, le dijo Benedetti a Sarabia en los audios conocidos en domingo en la noche.
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El lunes llegó al Legislativo la iniciativa para investigar al mandatario y el origen de los fondos de su campaña, con miras a plantear un juicio político en su contra. Se presentaron tres denuncias ante la Comisión de Acusación, que será la encargada de indagar el tema y a la que el martes varios sectores políticos pidieron celeridad en el trámite.
El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, de la misma corriente política de Petro, explicó el procedimiento que se debe realizar en la Comisión de Acusación del Congreso.
“Lo primero es pedirle al presidente de la Comisión de Acusación que haga el debido reparto del proceso”, pidió Racero. El congresista oficialista se refiere a la designación de los legisladores investigadores.
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El senador por el Partido Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, opositor al gobierno y uno de los que denunció a Petro, aseguró que los audios conocidos evidenciarían “delitos relacionados con financiación ilegal y compra de votos”.
David Luna, senador del Partido Cambio Radical, también opositor al gobierno de Petro, les solicitó a los entes de control “investigar a fondo los posibles hechos de corrupción que se presentaron en la campaña del hoy Presidente” y agregó que “si los testimonios revelados son ciertos, las consecuencias deben ser contundentes”.
De acuerdo con las normas vigentes, los legisladores investigadores deben desarrollar unas indagaciones y llevar sus conclusiones a la Comisión de Acusación, la cual debe votar y decidir si lo acusa o no ante la plenaria de la Cámara de Representantes.
En caso de avanzar, el proceso podría llegar hasta el Senado. En el peor de los casos, podría declarar la “indignidad” del mandatario, suspenderlo de su cargo y enviarlo a la Corte Suprema de Justicia para que siga la investigación.
El presidente Petro, primer mandatario de izquierda en la historia colombiana, fue elegido en junio del año pasado con 11,7 millones de votos, apenas 700.000 más que su rival, el exalcalde de la ciudad colombiana de Bucaramanga, el ingeniero Rodolfo Hernández.
