La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez resultó mencionada en un escándalo que estalló en Italia, donde el exprimer ministro italiano Massimo D´Alema se encuentran siendo investigados por la Fiscalía de Nápoles por intentar participar en la venta de naves y aviones de guerra de dos compañías italianas al Gobierno colombiano.
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Ante los señalamientos, Ramírez no dudó en defenderse. En su cuenta de Twitter dijo:
“Esta es la lógica de los que cometen faltas: [Cómo le bajamos el tono y distraemos la atención de lo de Laura Sarabia, Benedetti, las chuzadas (a las que ellos llaman despectivamente “sirvientas” ) y la financiación en la Costa y Chocó? Fácil!! ¡Saquemos otro escándalo!!]”, escribió.
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Pero como las críticas siguieron, este miércoles 7 de junio la mujer publicó un comunicado a la opinión pública.
“En mi Calidad de Vicepresidente y Canciller durante la administración anterior, no tuve ninguna competencia o responsabilidad frente a adquisición de aviones ni equipos militares. No estuve involucrada, ni participé en reuniones o encuentros con empresas del sector de seguridad y defensa. Lo relacionado con el Ministerio de Defensa y la interlocución con empresas del sector siempre se manejó por el conducto regular: el Ministerio de Defensa Nacional y las compras de esa entidad deben explicarlas quienes estuvieron en esa cartera”, dijo.
La exvicepresidenta dijo a los colombianos que “pueden tener la certeza de que jamás encontrarán en mi larga vida pública o privada ningún hecho o acción oscura ni ilegal”.
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Y agregó: “El exministro de Defensa del Gobierno del Presidente Duque desmintió que haya habido negociación, ni contrato de compra de aviones de combate con empresas Italianas”.
Nuevamente volvió a mencionar su caso como una ‘cortina de humo’ para la crisis que enfrenta el actual Gobierno.
“No es momento de tragar entero frente al ejercicio tuitero de altas responsabilidades de Estado con las cuáles se ataca a gobiernos amigos, mientras se ensalza en actitud condescendiente a los enemigos de Colombia; se financia a quienes vandalizaron al país; se descalifica a funcionarios e instituciones que no se subordinan a amenazas y se desconoce la autonomía y legitimidad institucional de la justicia”.
