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Pareja contrataba a modelos webcam y las vinculaba al contrabando de perfumes, ropa y otros

La Fiscalía reveló sus identidades y explicó cómo convencían a las jóvenes de pertenecer a su negocio

La Fiscalía General de la Nación dio detalles del desmantelamiento de una red de contrabando que funcionaba bajo la fachada de modelaje webcam. La entidad notificó la captura de una pareja que se dedicaba a contratar jóvenes para modelaje webcam, que terminaban involucradas en el negocio del contrabando de perfumes, ropa y hasta autopartes, según narró el ente acusador.

Carlos Arturo Rubiano Corredor y Leidy Tatiana Pachón Hurtado, son los nombre de esta pareja que se dedicaba a contratar jóvenes para modelaje webcam en el municipio aledaño a Bogotá, Soacha, para luego vincularlas al negocio de contrabando, según destacó la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales de la Fiscalía.

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Estas dos personas ubicaban a las mujeres en un bar de Soacha y las convencían de participar en la grabación y divulgación de videos para adultos que se producía en un inmueble ubicado en el occidente de Bogotá.

La pareja, al parecer, lograba cierto nivel de confianza con las jóvenes y les pedían recoger supuestas encomiendas con perfumes, prendas de vestir y hasta repuestos para vehículos, producto del mercado de contrabando.

La pruebas que recogió la entidad apuntan a que los artículos ingresaban por vía aérea al país, sin cumplir la normatividad aduanera. Además, esta pareja estaría involucrada en la utilización de sellos notariales, y la falsificación documentos públicos y privados para dar apariencia de legalidad a la entrada de los productos al territorio nacional.

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Estas dos personas fueron capturadas en Bogotá. La Fiscalía informa que en registro y allanamiento se incautaron 55 millones de pesos en efectivo, dos pistolas traumáticas, tabletas, celulares y memorias USB.

Con estas pruebas, la Fiscalía imputó a los implicados con los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando agravado, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado. La pareja decidió no aceptar los cargos y mientras avanza el proceso el juez de control de garantías decidió otorgarles casa por cárcel.

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