Durante cuatro días la JEP le dio al exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, la oportunidad de demostrar que actuó como ficha clave en complicidad con la fuerza pública durante el conflicto armado. Ahora la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinará si es viable o no su sometimiento ante el tribunal transicional.
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Pero antes de eso tendrá 30 días hábiles para que hable en privado y entregue las pruebas necesarias que confirmen que todo lo que dijo es cierto, como un listado de información puntual sobre las personas que alteraban los antecedentes judiciales dentro del DAS y sus víctimas, además de su participación en la creación del Bloque Calima.
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Mancuso -que originalmente está sujeto a Justicia y Paz, el modelo de justicia producto del proceso de paz con los paramilitares- solicitó entrar en la JEP pues este tribunal que se creó gracias al acuerdo de paz con las Farc solo juzga crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla y la fuerza pública, pero puede incluir a terceros civiles, como en este caso, si se comprueba que tuvo relación con los anteriores. Además, impone penas alternativas a la cárcel a cambio de reales aportaciones a la verdad como forma de reparación a las víctimas.
Por lo que la tarea de Mancuso, en privado, será la de superar el umbral de verdad alcanzado en 18 años de investigaciones en la justicia ordinaria.
¿Salvatore Mancuso prendió el ventilador?
En sus cuatro audiencias, durante el primer día el expara hizo aportes sobre la expansión de las AUC a través de la fachada legal de las Convivir en Córdoba. Habló de como la fuerza pública les daba fusiles a cambio de bajas y acusó al exvicepresidente Francisco Santos de pedir la creación del Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En la segunda audiencia, confesó que arrojaron los cuerpos de unas 200 de sus víctimas en el lado venezolano de la frontera tras la destrucción del “horno crematorio” en el que desaparecieron centenares de personas.
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Ya el tercer día habló sobre alianzas paramilitares y fuerza pública, develando puntualmente el caso del asesinato de Jaime Garzón, en el que más militares, aparte del coronel en retiro Jorge Plazas Acevedo, estarían involucrados.
Finalmente, el cuarto día detalló sobre las filtraciones de información que les entregaba el DAS de “aquellas personas que se consideraban objetivo militar, como estudiantes de universidades públicas, liderazgos sociales, integrantes LGBTI+, etc.
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“Esto no ha terminado”: experto sobre Mancuso
PUBLIMETRO habló en entrevista con Alejandro Restrepo, coordinador de la línea de paz, conflicto y DD.HH de la Fundación Pares, para conocer qué le falta por decir a Mancuso y sí podría o no ser aceptado en la JEP.
¿Cuál fue el balance de los cuatro días de audiencia de Mancuso?
Lo primero que hay que decir es que es un aporte a la discusión pública sobre las verdaderas complejidades y relaciones que hubo en el marco del conflicto armado. Nos vuelve a traer esa memoria del horror. Y de cómo otros sectores permitieron la reproducción de las violencias bajo unos sentidos económicos.
Dos, la importancia de la JEP como mecanismo para buscar superar la guerra. Y el contexto de la política de paz total, pues pone una reflexión sobre la mesa respecto hacia dónde nos va a dirigir las mesas de negociación y si nos va a permitir una verdad reparadora.
¿Qué de nuevo contó Mancuso?
Yo creo que una de las contribuciones quizás fueron las desapariciones en la frontera con Venezuela, bajo una articulación con la institucionalidad. Y ya la relevancia de las audiencias privadas donde Mancuso dijo que iba a profundizar sobre nombres de políticos y empresarios que estuvieron vinculados al paramilitarismo. Eso va a ser muy importante porque allí tenemos un vacío enorme de evidencias.
¿Qué le faltó por decir?
Si esto fue lo que contó públicamente, lo que va a contar en privado debe tener una importancia muy trascendental para el país. Esto es solo la punta del iceberg.
¿Por qué Mancuso sí podría entrar a la JEP a diferencia de ‘Jorge 40′?
En el caso de ‘Jorge 40′ no aportó las evidencias suficientes. Por su parte, Mancuso es un individuo tan importante en la estructura paramilitar que debería buscarse el mecanismo para que entre a la JEP, porque la verdad se la llevó para los gringos con todo un entramado político que buscaba que no dijera lo que tenía que decir.
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Las autodefensas y los paramilitares en el conflicto colombiano
En los años 80 se empezó a registrar la creación de grupos armados ilegales que buscaban combatir a las guerrillas (Farc y Eln) y, a su vez, proteger a los colombianos a los que el manto del Estado no alcanzaba a cobijar.
Dichos grupos se presentaron ante el país como “autodefensas campesinas” y muchos de ellos tuvieron vínculos directos y públicos con la Fuerza Pública, de ahí que adoptaran el término internacional “para-militares”.
En el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), este grupo inicialmente lo estableció Carlos Castaño Gil y cobijó a siete grupos de autodefensas que tenían, en su momento, a casi 6 mil hombres: las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), las de los Llanos Orientales (en cabeza de Víctor Carranza), las del Cesar, las del Magdalena Medio, de Santander y el sur del Cesar, del Casanare y de Cundinamarca.
Las Convivir, en cambio, eran grupos creados legalmente gracias al Decreto 356 de 1994 que autorizó el entonces presidente Ernesto Samper y eran asociaciones comunitarias a las que el Gobierno armaba para su propia protección.
Indepaz recordó en uno de sus informes que en el año 2002, durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, empieza el proceso de paz con las AUC. El 15 de julio de 2003, en Tierralta (Córdoba) se firma el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito”, en el que los paras se comprometen a desmovilizarse y finalmente, el 10 de diciembre de 2004, se produjo una de las entregas más importantes: la del Bloque Catatumbo, en la cual se desmovilizó Salvatore Mancuso.
