La emergencia por violencia de género ha sido aprobada por el Congreso de la República por medio de un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo recientemente debatido en la Cámara de Representantes y el Senado. Así funcionan las claves de esta directriz que está a solo una firma del presidente Gustavo Petro de ser aprobada.
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Con 71 votos a favor en el Senado y 114 en la Cámara de Representantes, la declaratoria de emergencia por violencia de género está a poco de ser una realidad en Colombia, pues solo falta sanción presidencial para se comiencen a aplicar las medidas que son necesarias para actuar en contra de esta victimización diferencial.
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¿Qué busca la declaratoria de emergencia por violencia de género?
La emergencia busca frenar la ola de violencia de género que actualmente vive el país, pues 614 mujeres fueron asesinadas de acuerdo al Observatorio Colombiano de Feminicidios en 2022; y en lo corrido del presente año, ya se han reportado ante la Fiscalía General al menos 23 víctimas más, como por ejemplo, la DJ bogotana Valentina Trespalacios, caso que conmovió al país entero, y que tiene como procesado a su novio estadounidense, John Poulos.
Y es que recordemos que este tema tuvo mayor atención nacional luego de que la periodista y presentadora de noticias, Ana María Vélez, en la emisión de un noticiero nacional dio su testimonio sobre los abusos y actos violentos que sufrió por parte de una expareja, al punto que, según relató, está viva de milagro. En su declaración le pedía al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que declarará la emergencia por violencia basada en género.
A través de Change.org y por medio de la petición en la que se recogieron más de 16.400 firmas de ciudadanos que apoyaron esta iniciativa y que el 13 de marzo se entregaron a la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro.
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¿Qué permite la declaratoria de emergencia?
- Crear cuerpos elites en las fuerzas militares y de policía que cuenten con formación en violencias basadas en género para atender a las mujeres. Asimismo, convocar al menos una vez al año un consejo de seguridad para analizar este tema. “La idea es que se tomen medidas por parte de las autoridades que en el camino no terminen revictimizando a las mujeres como viene sucediendo”, comentó la Senadora Pizarro, quien además lideró este proyecto en el Congreso.
- Capacitar con enfoque de género a aquellos funcionarios de la rama judicial (jueces, fiscales, comisarios (a) de familia, entre otros) y demás entidades que tienen a su cargo la atención de mujeres víctimas de violencias, para que cuenten con procedimientos más eficaces de protección y atención de esta problemática.
- Priorizar presupuestos y disponer de todos los medios administrativos para prevenir, atender, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres, así como para fortalecer los programas gratuitos de asistencia legal y mental relacionados con este flagelo.
- Instalar, en el marco del Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, una mesa intersectorial liderada por la Consejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres, que se realizará por lo menos cuatro veces en el año, para tomar medidas inmediatas y efectivas con el fin de proteger y reaccionar de forma más oportuna ante las situaciones de violencia estructural que vive el país.
- Generar acciones para diseñar y activar efectivamente las rutas y protocolos de atención independientemente de la instauración de la denuncia. En otras palabras, ya no será necesario la denuncia de la víctima para que las autoridades puedan intervenir.
