“He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo (...) No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”, con este mensaje el presidente, Gustavo Petro, anunciaba el cese al fuego bilateral con este grupo criminal, luego de que el 31 de diciembre de 2022, dicho cese comenzara junto con la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central y el grupo Sierra Nevada, hasta la medianoche del 30 de junio de 2023, con el objetivo de suspender la afectación humanitaria de la población en general y en particular de las comunidades étnico - territoriales y campesinas.
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Esta decisión del primer mandatario, expedida a través del decreto 0380 de este 19 de marzo, fue tomada luego de que las también conocidas Autodefensas Gaitanistas de Colombia -grupo heredero de los paramilitares AUC- atacaran con fusil a policías y su incidencia en actos violentos; como desmanes y quema de vehículos, durante el paro de mineros artesanales en el Bajo Cauca antioqueño. “Ese grupo manipula las necesidades de una población minera, sujetándolas con su propia hambre (...) El Clan del Golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego”, señaló el jefe de estado.
Tras este anuncio, las Agc se pronunciaron alegando que han respetado “cabalmente el cese al fuego de operaciones defensivas. Asegurando, además, no estar detrás de “las manifestaciones violentas” que se les atribuyen.
Sin embargo, en entrevista con Publimetro, Alejandro Restrepo, coordinador de la línea de investigación en Paz, Posconflicto y Derechos Humanos, de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, desvirtuó y aseguró que sí hubo infiltraciones. “Las comunidades han sido presionadas para que se mantengan en este paro, por supuesto, esto sin estigmatizar a los mineros artesanales e informales que tienen unas legítimas demandas para el Estado colombiano”.
Por otra parte, el abogado de esta estructura, Ricardo Giraldo, reiteró que el Clan del Golfo sí tiene voluntad de paz por medio del diálogo y no negociaciones, tal como se lo planteó el comisionado de Paz, Danilo Rueda. Sin embargo, dijo, no están dispuestos a someterse a la justicia, sino a una negociación de carácter político.
Lo referido por Giraldo, es a la presentada Ley de Sometimiento en el Congreso, que busca que grupos armados sin estatus político- como ellos- se sometan. Una probable legislación de cara a la política del presidente, Gustavo Petro, de ‘Paz Total’.
Esta iniciativa, que aplicaría sobre todo a organizaciones dedicadas al narcotráfico -como el Clan del Golfo- u otros delitos graves como secuestro, pretende que se acojan a la justicia ordinaria y a cambio reciban un tratamiento penal especial, bien sea reducción de la condena. Para ello, deberán entregar sus bienes, información sobre sus operaciones y reparar a las víctimas.
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“El cese al fuego fue una decisión apresurada”
El decreto 2658 del 31 de diciembre de 2022, estableció, además del cese al fuego, un Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, para establecer las reglas que ambas partes iban a cumplir bajo el acompañamiento de organizaciones sociales y la Iglesia Católica. Sin embargo, esto nunca se dio.
“El cese al fuego fue muy apresurado, sin una metodología clara que es muy característico de este Gobierno. No estaban las condiciones de verificación o una metodología seria de seguimiento para identificar que el grupo armado no estuviera cometiendo acciones de distintos tipos”, indicó Alejandro Restrepo, de la organización, Pares.
De esta manera, “la decisión del presidente a mi juicio, desde una perspectiva de política de defensa, de seguridad, es acertada. Había que derogar ese decreto. (A pesar) de que haya sido un gesto político interesante para buscar alivio a la población civil”.
¿Y dónde quedan las comunidades tras el cese al fuego?
Alejandro Restrepo, señaló que durante estos menos de tres meses que duró la tregua, sí hubo algunos alivios en materia humanitaria para las poblaciones directamente afectadas, como por ejemplo en ciertos territorios del Chocó.
A pesar de ello, dice, lo que viene es un recrudecimiento de violencia principalmente en los territorios dónde tiene mayor control: urabá antioqueño y chocoano; Bajo Cauca antioqueño; Sur de Córdoba; y Caribe. “Creemos que eventualmente allí podría haber un recrudecimiento de la violencia, precisamente por esta ruptura o por esta distancia que se tomó del tema del diálogo socio jurídico”.
Esto, se vería traducido en escenarios como: violencia contra la fuerza pública, más específicamente contra la policía, “que ya lo han hecho a través de paros armados. Pero no significa que estén amenazando la estabilidad del Estado”; hacia la población civil en materia de amenazas; desplazamientos o señalamientos de pertenecer a uno u otro bando; asesinatos selectivos; confrontaciones con el ELN; entre otros.
“Esta idea de aumentar el pie de fuerza (militarmente) y que con eso se va a solucionar, no ha funcionado. No necesariamente va a constituir un alivio para la población civil y siempre hemos dicho desde Pares que es muy importante que se construya institucionalidad desde el territorio. Elementos centrales, por ejemplo en una etapa de post conflicto, como la seguridad y la justicia, que tienen que ir de la mano. U ofertas para los jóvenes que den alternativas diferentes a grupos armados”.
El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, señaló que esta estructura armada pasó de tener presencia de entre 12 y 14 departamentos, a 20 (Suroccidente, Eje Cafetero y Orinoquia) incluida la capital, Bogotá.
