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Procuradora ‘jaló orejas’ al Gobierno colombiano, dice que abandonó a migrantes en el Darién

Margarita Cabello advierte que no se está prestando adecuada atención a la problemática

La procuradora colombiana, Margarita Cabello, advirtió que el Gobierno del presidente Gustavo Petro dejó a su suerte a los migrantes que cruzan el Tapón del Darién, en la frontera con Panamá, porque no está cumpliendo con la atención de estas personas.

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La funcionaria señaló que en los siete meses que lleva el Gobierno de Petro “el desamparo de los migrantes sigue a su suerte” porque no ha sido, ni siquiera, instalada un oficina de Migración Colombia ni se ha fortalecido la presencia institucional, necesaria para “para ordenar y hacer segura esta migración”.

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La Defensoría del Pueblo señaló en febrero que al menos 21.307 migrantes cruzaron en enero pasado el Tapón del Darién, una cifra que es cuatro veces mayor que la de 4.702 personas registrada en el primer mes de 2022.

En todo 2022, entre tanto, cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá 248.284 personas, de las cuales 150.327 eran venezolanas, 29.356 ecuatorianas, 22.435 haitianas, 5.961 cubanas y 5.064 colombianas.

En esa línea, Cabello aseguró que desde hace cuatro meses el ministerio público hizo alertas que no han sido acatadas y tampoco se ven “avances en las acciones, planes y programas que se deben brindar para esta población en el marco de la política integral migratoria”.

La Cancillería, señaló la procuradora, tampoco ha hecho ningún avance para mitigar la situación que viven los migrantes, ni ha puesto un centro de atención para estas personas en Necoclí, municipio ubicado en el departamento de Antioquia (noroeste) y punto de tránsito de muchos personas que cruzan el Darién para llegar a Norteamérica.

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Igualmente, la jefa del ministerio público hizo un llamado a atender los fenómenos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes que suceden en el noroeste de Colombia.

Esto “sin que las autoridades nacionales y territoriales adopten acciones para su prevención y para su judicialización, atentando contra el principio de progresividad, ya que es obligación del Estado garantizar la continuidad en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos”, añadió.

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