El 4 de septiembre de 2014, fuentes de la Fiscalía le contaron al diario El Tiempo, que el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, había solicitado investigar a su hijo mayor, Nicolás, por su presunta intervención en contratos millonarios con el Distrito.
“Las alarmas se dispararon cuando EL TIEMPO reveló el pasado 22 de junio que su concuñado, el empresario Carlos Gutiérrez, solía reunirse con funcionarios del Distrito y, según fuentes creíbles, habría jugado presuntamente un papel clave a favor de los transportadores en la prórroga de los contratos de TransMilenio”, indicó en su momento, el diario.
Este requerimiento fue tomado en el despacho del fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por asignación especial, y, en ese entonces, Nicolás Petro Burgos, abogado de 27 años, aseguró que no sabía la solicitud de su papá y negó cualquier tipo de contrato con la Alcaldía.
Personas cercanas al entonces mandatario de Bogotá, constataron que su petición ante el ente investigador fue precipitada, pues no se especificó presunto contrato corrupto alguno, y el único mensaje que envío fue alimentar las especulaciones y argumentos de los opositores de las constantes denuncias por presuntos hechos de corrupción en su gobierno.
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Sin embargo, desde la Alcaldía, señalaron que lo que pretendía Petro era “proteger” a Nicolás y fuera la justicia quien diera el veredicto final sobre su injerencia o no. “‘Quiere salir adelante de cualquier comentario mal intencionado. Está seguro de la buena conducta de su hijo’, sostuvieron fuentes consultadas”, dijo el Tiempo ese año.
La actual segunda solicitud de Petro a la Fiscalía
A través de una carta que publicó en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía que investigaran a su hijo Nicolás Petro y a su hermano Juan Fernando Petro.
El mandatario solicitó esta investigación “debido a la información que se rumora en la opinión pública” en contra de su hermano y su hijo.
Y es que en los últimos meses se ha conocido de la existencia de un supuesto “cartel de abogados” que estarían entrando en cárceles para otorgar a narcotraficantes beneficios o incluso pedirles dinero a cambio de que sean incluidos en la Paz Total del Gobierno.
“Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición”, dijo la Oficina del Alto Comisionado de Paz cuando se conoció el caso.
Por eso Petro destacó que “quien quiera interferir en este propósito (lograr la paz), o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia”.
Es así, como Nicolás Petro le respondió a su papá, comunicando su apoyo a la solicitud para que se adelante “una investigación profunda y eficaz con los temas relacionados en dicho comunicado y aclarar cualquier rumor dañino y sin fundamento contra mi persona”.
