El próximo 29 de octubre de 2023 llegan las elecciones regionales. La ciudadanía podrá votar por las gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradores locales en sus territorios.
Y desde ya, se conocen los y las precandidatas y candidatas que se inscribirán hasta el 29 de julio, por medio de sus partidos políticos tradicionales, de gobierno, oposición e independientes.
Con ello, no solo llega el pulso político, sino también el incremento de los eventos de homicidio, amenaza y atentado, a medida que se acerquen los comicios. Así concluye el reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación.
Pares, bajo el documento ‘Violencia político-electoral’, investigó desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, el panorama de violencia contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral, pues, aseguran, “la violencia se ha utilizado y se utiliza como un mecanismo más de competencia electoral”.
Según datos de la Organización, durante este periodo se registraron 41 hechos violentos en contra de miembros y exmiembros de cargos de elección popular, precandidatos, candidatos, militantes de partidos o movimientos políticos, autoridades indígenas, funcionarios públicos que sean denunciantes de corrupción y otro tipo de denunciantes, como periodistas o veedores.
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De esta cifra, reportaron 64 víctimas, es decir, una víctima de violencia político electoral día por medio. Además, de este total, 43 fueron amenazas; el número de homicidios pasó de 6 a 11, y el de los atentados de 0 a 10, en comparación al mismo periodo del 28 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022.
Los departamentos con mayor impacto
La Fundación destacó que del periodo analizado, noviembre de 2022 fue el mes con más víctimas (12), especialmente por un panfleto amenazante que involucró a un senador, un alcalde y catorce concejales en Barrancabermeja. Y en diciembre, durante los 31 días, contabilizaron 25.
“Es una situación bastante crítica poco tiempo después de haber iniciado en el gobierno de Gustavo Petro, porque incluso si tomamos un comparativo de lo que hemos hecho en 2022 y en 2019, lo que tenemos es que han disminuido los hechos, pero ha incrementado su impacto”, señaló en entrevista con PUBLIMETRO COLOMBIA, Esteban Salazar, coordinador de la línea de Democracia y Gobernabilidad, de Pares.
De lo analizado, 18 de los 32 departamentos concentraron geográficamente los hechos y víctimas de violencia político electoral. El 62% del total de las víctimas se concentran en Santander (20), Bogotá (7), Nariño (5), Antioquia (4) y Cauca (4), que juntos suman 40.
“Bogotá se posiciona no porque sea la de mayor importancia respecto a las elecciones, ni porque tenga una mayor cantidad de población, sino porque dentro del rastreo que hemos hecho, es donde se presentan los panfletos. Esas amenazas lo que hacen es que te inflan mucho la cifra”, afirma Salazar.
No sin antes añadir que el panorama de Santander, Nariño, Antioquia es diferencial, pues “los hechos están relacionados con un escenario de conflicto bastante complejo donde hay disputas de las disidencias, del ELN y del Clan del Golfo. Donde ya los panfletos se materializan en un secuestro, homicidio o desaparición forzada”.
Respecto al perfil de las víctimas, el 66 % son personas electas por voto popular. Siendo los concejales los más afectados con veinte casos; les siguen once alcaldes; cinco senadores, cuatro representantes a la Cámara, un diputado y la vicepresidenta Francia Márquez.
De estos, 19 hechos fueron contra los partidos de gobierno; 3 de oposición y dos independientes. “Los perfiles de las víctimas de homicidio son un concejal del Partido Liberal; cuatro militantes y un precandidato del Pacto Histórico; un miembro del Partido AICO; un militante del Partido Comunes; un exconcejal de Dolores, Tolima; un precandidato a la Alcaldía de Mogotes, Santander y un periodista”, enfatiza el informe.
Los hechos de violencia política que más fueron noticia
- El atentado contra la congresista Aida Quilcué el 29 de octubre de 2022, que se suma a múltiples amenazas que ha recibido en el pasado en su contra.
- El asesinato del periodista, denunciante de corrupción, Wilder Alfredo Córdoba, en noviembre de 2022. El hecho ocurrió en La Unión, Nariño.
- Dos asesinatos en la misma semana de miembros del Pacto Histórico en Magangué, Bolívar. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022.
- Los explosivos hallados cerca de la antigua vivienda de la vicepresidenta Francia Márquez, días antes de una visita que realizaría allí, en Suárez, Cauca.
“Los órganos judiciales nunca nos han solicitado ni siquiera información de nuestros registros, y tampoco han hecho pesquisas para poder solucionar estos problemas. Es un llamado al fiscal general, a los órganos de investigación para que puedan esclarecer”, dijo Esteban Salazar.
¿La paz total aportará al cese de esta violencia?
De acuerdo con la información recolectada por Pares para el informe, en la mayoría de los casos no ha sido posible esclarecer cuáles grupos o estructuras cometen los hechos en un 61 % de los casos.
Sin embargo, el otro 39 % identificaron como presuntos agentes perpetradores al Clan del Golfo (autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia), en cinco hechos; a las disidencias o grupos armados posfarc también en cinco hechos; a otro tipo de grupos en cuatro hechos y al ELN en dos hechos.
Precisamente estos grupos al margen de la ley fueron incluidos en la política de Paz Total, con la que el gobierno Petro busca negociar y un cese al fuego bilateral, además de un sometimiento de otro tipo de estructuras criminales como el Clan del Golfo.
“Si el gobierno además de esto, no incluye garantías para la participación política, no vamos a poder tener un escenario, en lo local, respecto a lo que se dan en estas elecciones, de forma pacífica. Además, la Paz Total no va a resolver esa violencia. Es un asunto de desmantelamiento de estructuras políticas cuestionadas, que tienen alianzas criminales, desde la herencia del paramilitarismo y la parapolítica en el país”, indicó Esteban Salazar, coordinador de la línea de Democracia y Gobernabilidad, de Pares.
Las conclusiones
Tras este informe, Pares, enfatiza que se incrementaron los homicidios de miembros del Pacto Histórico y también del partido Comunes en territorios donde la competencia de actores armados es muy alta.
Asimismo, la persistencia sobre el desconocimiento de la mayoría de los presuntos agentes perpetradores de los hechos victimizantes, sobre todo en zonas que no necesariamente responden a dinámicas de conflicto armado, “permiten intuir que existen actores políticos que hacen uso de la violencia como mecanismo de competencia electoral para generar miedo ambiente en las etapas previas a las campañas políticas”, concluye el documento.
Cita destacada: “La presencia de estructuras armadas ilegales genera unos riesgos, pero no a nivel político o ideológico, sino que sencillamente ellos ven como día amenaza cualquier alcalde, gobernador, etc, que vaya en contra de las dinámicas criminales, van a ir en contra de sus intereses”.
Dato: Durante febrero de 2023, hubo 15 víctimas de violencia político-electoral.
Chapó: La violencia político electoral, especialmente los eventos de homicidio, amenaza y atentado, se incrementen a medida que se acerquen los comicios.
