Publimetro Colombia conoció la historia de María, que actualmente tiene 26 años y vive en el departamento de Bolívar, al norte del país. Con 10 semanas de gestación, María decidió interrumpir su embarazo justo una semana después de conocerse la sentencia C-055 de 2022 en la que la Corte Constitucional despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación.
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Ella, que estaba en menos de la mitad de las semanas permitidas, empieza las gestiones ante su EPS para solicitar la IVE bajo el plazo y allí le ordenaron controles prenatales contra su voluntad.
Además, a María le dieron también una cita en ginecología, a la cual terminó asistiendo. El ginecólogo decidió remitirla, alargando aún más el procedimiento, a psicología y a trabajo social, además de convocar un comité interdisciplinario para determinar la viabilidad de su caso.
La trabajadora social le indicó a María que, adicionalmente, “la deben internar en el hospital hasta que el comité decida”. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres explica que de acuerdo con la regulación, una vez expresada la voluntad de interrumpir el embarazo no son necesarios trámites adicionales como la realización de comités ni consultas especializadas y mucho menos las mujeres pueden ser internadas injustificadamente.
María contactó a La Mesa, en donde la apoyaron elaborando una solicitud escrita a su nombre, evidenciando las barreras de acceso que tuvo que sufrir. La EPS contestó que ‘la solicitud debe ser redactada por una entidad de salud, firmada y sellada por médico tratante’, lo que además tampoco tiene sustento legal. Finalmente, se presentó una queja ante la Superintendencia Nacional de Salud y después de seis semanas de espera y dilación, a María le autorizaron la IVE.
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¿Cuáles son las principales barreras de acceso a la IVE?
Ana Cristina González es una de las pioneras del movimiento nacional Causa Justa, que, junto a un equipo de activistas y organizaciones sociales, lideraron la demanda ante la Corte Constitucional, para lograr la despenalización del aborto hasta la semana 24.
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Esta reconocida feminista hace un balance positivo en general, al año de cumplirse la histórica sentencia, pues este derecho se ha puesto como tema de conversación en ámbitos cotidianos, además de que las mujeres se sientan empoderadas “y se animen a buscar más los servicios”.
Sin embargo, no desconoce que aún existen barreras que limitan este derecho, como los prestadores de salud que dilatan el acceso cuando la mujer acude en un avanzado estado de embarazo.
“Las EPS o los hospitales dicen ‘no tenemos lineamientos, el Ministerio de Salud no ha dicho nada’. Pero ahora ya hay una Resolución para que los actores del sistema puedan prestar un servicio en coherencia con la sentencia”.
Asimismo, González acota que hay problemas de desconocimiento de la norma, en el que a veces, efectivamente no saben “o no quieren enterarse de cómo es que funciona y entonces dicen ‘no esa ley se va a caer y, por lo tanto, acá no la vamos a atender’”.
También está la objeción de conciencia o la violencia en las instituciones. “Profesionales que les dicen a las mujeres, le voy a hacer una ecografía para que usted vea lo que hay ahí y se dé cuenta de verdad como el daño que usted está haciendo. O también pedirle requisitos que en el marco legal no son existen”.
Finalmente, Ana Cristina señala que este fenómeno es bajo en la comunidad LGBTI+, pues son pocos los hombres trans o las personas no binarias que buscan un servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo, “ya que es una población pequeña”, sin embargo, “no tengo ninguna duda, que muchas de esas barreras sí se deben acentuar”.
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“Hay muchas mujeres que han tenido una experiencia positiva”
PUBLIMETRO COLOMBIA, habló con Viviana Bohórquez, directora de Jacarandas. Una Fundación que busca producir información, asesorías y apoyo legal a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo.
Gracias a su línea de atención, han podido conocer de primera mano las barreras que están enfrentando las mujeres cuando van al sistema de salud. “Nosotras tenemos las rutas muy claras y eso nos ha permitido dar información valiosa”.
A días de cumplirse el aniversario de esta sentencia, el balance de la organización es que “hay un problema de desinformación muy grande” y para combatirla, dice, lo está haciendo la sociedad civil y no el gobierno, como es su deber.
“Ni el Ministerio, ni las Secretarías (de Salud) tienen ni comerciales o campañas de alto impacto en radio o programas de televisión. Tenemos que decirle al estado que cumpla su rol de discusión”.
Además, dijo, este es el primer problema de implementación. “El Estado no está haciendo ningún esfuerzo para difundir que el aborto es un derecho gratuito y confidencial. Que debe realizarle sin importar la nacionalidad. Que pueden ir a urgencias. Que se hace con cita prioritaria”.
Por lo que indicó que hay experiencias negativas, en el que las mujeres, al desconocer la información, “siguen comprando medicamentos porque piensan que el aborto es clandestino” y entonces “no les ha funcionado. Se gastan mucho dinero. Y les genera angustia”.
Pero también, gracias a un formulario que crearon, conocieron que las mujeres, en su mayoría, han tenido una experiencia positiva con el aborto. Por lo que desde Jacarandas, no han presentado acciones legales en masa. “También es importante mantener el mensaje a las mujeres que están leyendo: el aborto sí se puede, sí es un derecho”.
Por ello, señala, que “cuando uno tiene una experiencia positiva, es más fácil hablar de ello: le cuenta a una amiga o le cuenta a su red de apoyo para que, si alguien más que está en esa situación, pues pueda tener otra experiencia positiva y así se vaya multiplicando en vez de las negativas”.
