El pasado 26 de enero, el presidente, Gustavo Petro, anunció a través de su cuenta en Twitter, que retomará “las funciones de control y políticas generales de administración de servicios públicos que la presidencia había delegado en las comisiones reguladoras. Lo haré temporalmente en defensa del usuario”.
Esto, dijo, basándose en el artículo 370 de la Constitución Política y la Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
De esta manera, este 16 de febrero, se oficializó este anuncio a través del decreto 0227, donde por tres meses, tendrá funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Es decir, regulará y controlará las tarifas de energía y agua.
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Para tales efectos, el mandatario podrá solicitar el apoyo técnico de las Comisiones de Regulación y demás entidades de cada sector.
Las disposiciones regulatorias tendrán en cuenta cuatro lineamientos generales:
1. Sujeción a los principios, fines y valores constitucionales y legales.
2. Garantía de la divulgación y la participación ciudadana en las actuaciones en esta materia.
3. Pertinencia, oportunidad y calidad que garanticen los principios de eficiencia, suficiencia, integralidad y solidaridad tarifaria.
4. Criterios del régimen tarifario de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.
Solo 1 de las 54 observaciones hechas por 17 gremios y empresas, fue tomada en cuenta por el jefe de Estado: solo estará a cargo de esas Comisiones, por 3 meses.
