Prometiendo supuestas asignaciones como gestores de paz, traslados penitenciarios, e incluso, la suspensión de procesos de extradición, abogados estarían engañando a jóvenes privados de la libertad, capturados durante la protesta social.
Así lo denunció la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la noche de este sábado, a través de su cuenta en Twitter.
En el comunicado, la entidad señaló que “estas personas inescrupulosas dicen estar facultadas por la Ley 2272 de 2022, o Ley de Paz Total, y tener supuestas relaciones con la Oficina y con funcionarios del Gobierno Nacional”.
Por lo que se estarían aprovechando en pedir altas sumas económicas a cambio de beneficios judiciales.
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Así le pasó -según la entidad que conoció del caso- a un recluso que pagó a un abogado una alta suma de dinero por tramitar su traslado a un centro penitenciario de su preferencia. “El traslado, por supuesto, no se produjo”.
Es por ello, que la entidad interpuso una denuncia penal correspondiente y solicitó a las autoridades, celeridad en las investigaciones para determinar qué togados estarían involucrados.
“Lamentamos que esta situación genere suspicacias frente a las mesas de paz en centros penitenciarios, en torno a las cuales muchas personas privadas de la libertad están hoy construyendo propuestas significativas de verdad y reconciliación”, indicó la Oficina.
Finalmente, hicieron un llamado a la Fiscalía para que indague “eficazmente y con garantías cualquier hecho que deshonre los procesos de construcción de paz”.
