Tras la advertencia del gobierno nacional a la alcaldía de Bogotá sobre la posible paralización de la financiación del Metro de Bogotá, los gremios del departamento de Cundinamarca y la ciudad capital decidieron pronunciarse. Alertaron graves riesgos si las obras se detienen.
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El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dio declaraciones a la prensa que dejaron más preocupaciones y revuelo en el sector político. “Muy claro. Si no se acepta cómo se ha venido diciendo que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, el gobierno también, en la medida que financia el 70 % de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar”, fueron sus palabras.
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El Comité Intergremial de Bogotá Cundinamarca alertó por medio de un comunicado los riesgos que puede tener frenar proyectos que están en marcha en el marco de estas obras. Los gremios hicieron un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para que se construyan consensos entre el Gobierno Distrital y Nacional para evitar anuncios y advertencias que condicionen el avance del importante proyecto.
“Este proyecto cuenta con un 60% de avance en el patio taller y un 18% en su ejecución, por lo cual no existe justificación técnica ni jurídica que amerite cambiar este contrato”, reza el comunicado expuesto por entidades como Acodres, la Andi, Asoleche, Cotelco, Cámara de Comercio, Fenalco, Fenavi, ProBogotá, Camacol y la Cámara Colombia de Infraestructura.
Así mismo, las entidades acotan que “estarían en riesgo también proyectos que avanzan en diferentes etapas con cofinanciación de la Nación y suman un total de 65 billones de pesos, entre los que se destacan por su importancia para la competitividad, sostenibilidad ambiental y la modernización de la ciudad y la región: el Regiotram de Occidente, la Segunda Línea del Metro de Bogotá, la Calle 13, los Accesos Norte, la ALO Sur, el Regiotram del Norte y tres cables aéreos”.
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Por último, las agremiaciones insisten en que estas obras son claves para la competitividad del tejido empresarial y su paralización afectaría directamente “a los miles de bogotanas y bogotanos que dependen del transporte público para su movilidad y pierden la esperanza de mejorar la calidad de vida al no poder contar con el mediano y largo con un servicio eficiente y digno”.
