PUBLIMETRO COLOMBIA habló con Piedad Patricia Restrepo, vocera y representante legal de la Asociación Todos por Medellín, que le hace veeduría a la Alcaldía de Medellín y al conglomerado público, conformado por más de 32 entidades.
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¿Cuál es el principal balance de este año y medio de gestión de Todos por Medellín?
Arrancamos en agosto del 2020, bajo la administración de Daniel Quintero y el Plan de Desarrollo Medellín Futuro. Como asociación que pretende fomentar la democracia participativa, a través del control social al patrimonio público, pues tenemos las herramientas que cualquier veeduría tiene en el país. Empezamos con la información que la propia ciudadanía nos puede dar, es la esencia y el inicio de las investigaciones nuestras. En octubre generamos una línea de la confianza, para las denuncias contra posibles delitos de la administración pública, tener información de primera mano de los ciudadanos, empleados, contratistas y funcionarios. Recibimos denuncias tanto de la Alcaldía de Medellín como del conglomerado público, del que hacen parte más de 32 entidades 100% públicas como EPM o mixtas como Plaza Mayor, donde hay recursos públicos que suman un patrimonio entre 60 y 100 billones de pesos.
¿Cuáles fueron las principales denuncias que recibieron?
Fue sobre el Hospital General de Medellín, recibimos tantas denuncias que empezamos a investigar y llegamos a una denuncia formal ante la Fiscalía, la SuperSalud y la Procuraduría en relación a procesos de contratación. Además, recibimos denuncias por sobrecostos de los medicamentos, sobre compras que generaban muchos cuestionamientos y otras.
¿Qué pasó en el caso de Buen Comienzo?
El 2021 empezó con una inconformidad muy grande de muchas de las entidades que prestaban el servicio de atención integral a la primera infancia. Eran entre 40 y 50 organizaciones en total prestando servicios y en la modalidad institucional más de 30. Se presentaron muchos rumores sobre cambios repentinos y muy sorpresivos en las exigencias para poder contratar. Una muy importante era estar en el banco de oferentes del ICBF. Esta era nueva y pocas entidades la cumplían, porque la mayoría contrataban con el municipio de Medellín que había creado sus propios lineamientos, que podríamos expresar sin lugar a dudas que tenían unos mayores niveles de calidad. Investigamos uno de los contratamos más relevantes que era el de la modalidad familiar, que es para madres gestantes y para los niños y niñas de 0 a 2 años. Encontramos que cambiaron los requisitos y la modalidad de la contratación, eso llevó a que fuera contratada una entidad que en principio llamaba la atención, porque nunca había contratado con Buen Comienzo. Además, con un contrato que era mucho más perjudicial para la administración, porque se venía contratando vía convenios de asociación. Así que pasó a Colombia Avanza, una corporación sin ánimo de lucro, de Bello, que desde el 2017 tiene un representante legal que es Henry Paulison Gómez, que está vinculado a la clase política de Bello, a su tía Gloria Montoya, que ha trabajado con los Suarez Mira y en la Gobernación de Antioquia con Luis Pérez. Varias de estas personas que trabajaron con Luis Pérez terminaron trabajando en la Secretaría de Educación haciendo los lineamientos para el programa. Eso lo denunciamos en marzo del 2021 y luego lo complementamos en octubre del 2021, allí hubo hechos tan relevantes que hicieron que la Fiscalía iniciara una investigación y que se imputara a Lina Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo de la Secretaría de Educación de Medellín, por ser quien firma el contrato y al señor Henry Paulison Gómez, representante Legal de Colombia Avanza. Los posibles delitos son celebración indebida de contratos y peculado.
¿Cuántas denuncias han podido realizar ante la Fiscalía?
En total ante la Fiscalía tenemos 13 denuncias que vinculan a la Alcaldía de Medellín y su Secretaría de Educación, como es el caso de Buen Comienzo. Pero, también está el Hospital General de Medellín, Metroparques, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que es una entidad que tenemos el cometido de investigar, entendiendo que el 70% de sus recursos vienen de la Alcaldía de Medellín. Esas 13 denuncias nos llevan a decir que creemos que existen muchas irregularidades en varios procesos de contratación en el conglomerado, evidenciamos que hay muchos problemas en los convenios interadministrativos, que se usan cada vez más y que encontramos que se evade la ley 80.
Luego de tantos años en Medellín Cómo Vamos y ahora con la nueva mirada como veeduría, ¿cómo está Medellín?
Ahora he visto que debemos ser capaces de mirar si los recursos se están perdiendo por corrupción, sin duda, hay corrupción y serán las autoridades las que finalmente lo confirmen, pero cuando uno lleva tantas denuncias, decir que no hay corrupción es contradictorio. Para nosotros, hay presuntos delitos contra la administración pública muy serios y un manejo inadecuado del conglomerado público, porque está siendo usado como un cartel, esto es peligroso y nos indica que hay ineficiencia en el uso de los recursos, hay corrupción.
Daniel Quintero asegura que su gestión es víctima de persecución, desde su mirada, ¿esto es así?
Creo que cuando afirma eso se quiere hacer la víctima, aquí el que tiene el mayor poder en la ciudad de Medellín es el alcalde y se llama Daniel Quintero. Tiene como nombrar gerentes, presidentes y la mayoría de los miembros de junta en todo el conglomerado; y tiene un presupuesto que este año es de más de 7 billones. ¿Quién es más poderoso desde lo público en la ciudad que el señor Daniel Quintero? Entonces, cuando afirma que es perseguido creo que es una estrategia bastante bien dirigida. El año pasado antes de que hubiese el pronunciamiento de la Procuraduría, en torno a su presunta participación en política y sus 40 días por fuera del cargo, él desde muchos meses antes había ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir que era un perseguido, un perseguido ¿cómo? Si ninguna entidad hasta ese momento había tomado decisiones contra su gobierno. Hay investigaciones abiertas y se ufana de decir que están cerradas, que nos explique cuáles, porque en Colombia la justicia se demora. Hay investigaciones, están abiertas, lo sabemos por las que nosotros tenemos en Procuraduría y en Fiscalía, todas están sustentadas. Lo peor que nos puede pasar es la victimización de este señor, que asuma la responsabilidad de sus actos y que defienda los intereses de los medellinenses, porque si él dice que su gobierno es impoluto, está metiendo las manos al fuego por absolutamente toda la gente que trabaja con él, eso es bastante peligroso y se le puede devolver.
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La frase
“Hay presuntos delitos contra la administración pública muy serios y un manejo inadecuado del conglomerado público, porque está siendo usado como un cartel”, Piedad Restrepo, vocera Todos por Medellín.
La cifra
13 investigaciones están en curso ante la Fiscalía por denuncias de Todos por Medellín
