Desde hace cuatro meses empezó un trabajo silencioso con 12 bandas delincuenciales de Medellín que se unieron a la propuesta de ‘Paz total’ del Gobierno Nacional y solo hasta ahora las partes decidieron hacerlo público para que así todo el país pudiera ser veedor del primer compromiso adquirido: frenar las torturas, desapariciones y asesinatos.
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La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) es la que lidera este proceso de paz urbano, aunque cuenta con mecanismos de verificación de reducción de la violencia en la capital de Antioquia y su área metropolitana.
“Esta fase ha contado con la participación de testigos internacionales y de actores nacionales, eclesiales y académicos, que seguirán rodeando el proceso en su fase pública”, indicaron desde la oficina que dirige el comisionado Iván Danilo Rueda.
Mientras Rueda, junto a Otty Patiño, avanza en la mesa de negociaciones con el Eln, desde Medellín hacen lo propio con estos grupos que durante décadas han sembrado el terror en la capital de Antioquia.
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Primera fase
En estos cuatro meses “se ha llevado a cabo la fase de acercamiento entre las partes, con miras a construir la paz urbana, un pilar esencial de la ‘Paz Total’ impulsada por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro” indicó la OACP.
Esta primera fase, “se sostiene sobre compromisos de ambas partes con la verdad, con no hacer trampas ni engaños, y con abstenerse de incluir en el proceso a personas ajenas al mismo a cambio de pagos económicos”.
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La fase de acercamiento ha sido absolutamente discreta, con mecanismos de comunicación e interacción confidenciales para los miembros de estas bandas que decidieron sentarse a negociar.
En ese contexto fue que lograron que los 12 grupos, que manifestaron su voluntad de paz, acogieran los parámetros contemplados por la Constitución colombiana y las leyes vigentes, y desde noviembre de 2022 ha estado enmarcado en lo que dicta la Ley 2272, también conocida como la Ley de la Paz Total.
“Avanzamos hacia la construcción de un Espacio de Conversación Sociojurídica que respetará la autonomía de los diferentes poderes del Estado. Los alcances de ese espacio, bajo ningún parámetro, desbordarán las competencias institucionales, y respetarán en todo momento los acuerdos existentes de cooperación judicial”, informó la Oficina.
Y agregó en el comunicado: “Las especulaciones sobre promesas de rebajas de penas, de no extradición o de excarcelación de líderes de estructuras armadas carecen de fundamento”.
Se espera que pronto la ciudadanía conozca la arquitectura de la conversación sociojurídica cuando ya esté lista la hoja de ruta finalizada. “Así, tanto ciudadanos como grupos participantes, contarán con todas las garantías de un proceso de paz urbana eficaz y transparente”.
