El Ministerio Público de la Fiscalía de Guatemala, informó este lunes que emprenderá acciones legales contra Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia, por su desempeño frente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).
Según el fiscal, Rafael Curruchiche, que está a cargo del caso, Velásquez estaría involucrado dentro del caso de corrupción de la constructora brasileña, Odebrecht. Por lo que solicitó tres nuevas órdenes de captura en las que está el jefe de la cartera del ministerio.
Sin embargo, este martes, en entrevista con Caracol Radio, Curruchiche aseguró que esta orden de aprehensión no se ha dado, pero sí continúa las indagaciones.
Minutos después de este hecho, el Ministerio de Defensa de Colombia emitió un comunicado con la respuesta del ministro Velásquez. Aseguró que no ha sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala.
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Y agregó: “Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”.
El presidente Petro lo defendió
Tras conocerse esta orden de captura, el presidente, Gustavo Petro, se pronunció a través de su cuenta en Twitter, respaldándolo de manera contundente. “Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta”.
Horas después, nuevamente brindó declaraciones desde Davos (Suiza), donde participará en el Foro Económico Mundial y quedó la duda sobre si se rompería una relación diplomática con este país.
“Si Guatemala insiste en poner presos a hombres buenos, no tenemos nada que hacer con ese país”, señaló el presidente Petro sobre la situación del ministro de Defensa, Iván Velásquez.
¿Quiénes son los fiscales que están investigando al ministro de Defensa?
Caracol Radio conoció que el fiscal guatemalteco, Jose Rafael Curruchiche, está sancionado por Estados Unidos, por “obstruir investigaciones sobre actos de corrupción al interrumpir casos de alto perfil contra funcionarios”.
Asimismo, la jueza que al parecer autorizó el procedimiento, Carol Patricia Flores, fue investigada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad- Cicig (misma que hizo parte el ministro de Defensa) por posibles delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.
