El periodista, Iván Serrano, de la Revista Cambio, realizó una investigación respecto al presunto cartel de corrupción que hay al rededor de los cuatro cementerios públicos de Bogotá.
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El Cementerio Central de Bogotá, el Cementerio de Chapinero, el Cementerio del Sur y el Serafín, ubicado en Ciudad Bolívar, están a cargo de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP).
Sin embargo, el Distrito, al no tener la capacidad de administrarlos, abrió una licitación pública para que empresas privadas que demostraran experiencia en materia funeraria, se encargara de operarlos y realizarles mantenimiento durante cinco años y con posibilidad de prórroga de hasta diez años.
De esta manera, el contrato de concesión 415 de 2021 por más de $41 mil millones fue adjudicado en mayo de 2021 a la Unión Temporal Cementerios del Distrito, posteriormente constituida como ‘Jardines de Luz y Paz’ S. A. S.
Sin embargo, según Sergio Venegas, exdirector comercial de la empresa, le contó a Revista Cambio que pagó 1.500 millones en sobornos “a funcionarios que asignaron el contrato: “A Marcel (Esquivel), asesor del asesor jurídico, al asesor jurídico (Carlos Quintana), a Íngrid (Íngrid Ramírez, subdirectora de servicios funerarios) y a la directora (Luz Amanda Camacho), quienes son la cabeza de la UAESP”.
Tras conocerse este informe periodístico, Camacho renunció a su cargo como directora de la entidad y se defendió aclarando que tanto ella como su equipo son inocentes.
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“Yo lo dije en el Concejo: a mí me pueden esculcar todo en la vida, mis cuentas, mis deudas, mi familia, yo me defiendo con todo, porque estoy orgullosa de ser la mujer que soy, la mujer trabajadora y seria que soy”, señaló, Camacho al mismo medio.
Y es que lo referido por la exdirectora respecto al Concejo de Bogotá, fue un debate de control político, donde los cabildantes, Lucía Bastidas de Alianza Verde; María Victoria Vargas y Germán García, del Partido Liberal, argumentaron con pruebas la creación de dos cuentas bancarias en Davivienda y Banco de Occidente, para recepcionar el pago por parte de ciudadanos tras acceder a alguno de los 17 servicios funerarios como: exhumación, inhumación, cremación y más.
Lo que según los concejales configuraría una desviación de dinero, pues no fueron consignados a una fiducia mercantil (a donde debería ir y fue creado para manejar esos recursos económicos), ni tampoco reportados a la UAESP.
Fue así como, la Contraloría, tras una visita Fiscal realizada a la entidad, configuró diez hallazgos (seis administrativos, tres disciplinarios y uno con presunto alcance penal) relacionados con las entregas de los informes y fallas de la supervisión, así como en la planeación y desarrollo del contrato 415.
El órgano de control reveló en un informe que entre julio de 2021 y agosto de 2022 el concesionario se habría quedado con 5.721 millones de pesos por los servicios prestados en los cementerios. Y aunque la UAESP autorizó la apertura de estas dos cuentas bancarias, dicen, los giros a la fiducia no se hicieron en su totalidad: de los 9.523 millones de pesos solo fueron consignados 245,4 millones. Una diferencia de 8.332 millones de pesos.
Finalmente, la Contraloría, el pasado 4 de enero, indicó que “los hallazgos disciplinarios fueron trasladados a la Personería Distrital y el presunto hallazgo fiscal fue trasladado a la Fiscalía General que conlleven la protección de los recursos de los capitalinos y para que el servicio esencial sea prestado de la mejor manera”.
Los cementerios habrían sido usados para desaparecer personas en el Paro Nacional
Otra de las graves denuncias que realizó el empresario, Sergio Venegas a la Revista Cambio, fue el presunto uso de los hornos crematorios de los cuatro cementerios, para supuestamente desaparecer personas asesinadas en el Paro Nacional de 2021 y así no dejar evidencia alguna.
“Entonces pasaba un caso, del cual fue sindicado un general de la Policía que desaparecía ciudadanos e iba y los dejaba allá. (...) No solo aumentó (la cremación durante el Paro Nacional). O sea, le puedo decir una estadística que pudieron llegar a ser por ahí unas 300 personas. (Pero) no hay una documentación certera sobre este tema”, indicó Venegas.
Sus declaraciones causaron revuelo y total rechazo, por lo que los concejales de la bancada Colombiana Humana; Ana Teresa Bernal, Heidy Sánchez y Jose Cuesta, radicaron una solicitud a la Fiscalía para exigir una comisión de investigación especial y así esclarecer esta denuncia.
Alcaldía y Policía responden frente a estas acusaciones
Las declaraciones del empresario Venegas, fueron calificadas como “fantasiosas” y “atrevidas”, por parte del director General de la Policía Nacional, Henry Sanabria.
Quien además señaló que tomará acciones legales contra el empresario, por su “pronunciamiento en un medio de comunicación”.
Asimismo, aunque Sanabria también afirmo que las desapariciones durante el estallido social no son ciertas, “tal como lo comprobó en su momento la Defensoría del Pueblo” -entidad que usó el eufemismo de “personas sin localizar”- el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos (CCEEU), Alberto Yepes, desvirtuó y explicó que durante esta época tuvieron registro de más de 800 personas desaparecidas.
“Lo que tenemos es que hubo una estrategia de desaparición forzada en la que muchas entidades se juntaron para producir una nueva forma de represión que tenía como fin amedrentar a quienes participaron en el paro”.
Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reiteró que es “falso” que en la ciudad se hayan cremado desaparecidos durante el estallido social. “Son sandeces y barrabasadas que está diciendo un corrupto para tratar de enlodar a quienes lo denunciaron (...) Hoy mismo interpondremos las denuncias penales y acciones legales respectivas”.
Chapó: En los cementerios públicos de Bogotá, habrían cremado manifestantes asesinados durante el Paro Nacional, para al parecer desaparecer evidencias.
Cita destacada: “Acá se han profanado tumbas, se han quemado cuerpos. Cuerpos, que parece, hacen parte de los desaparecidos de la protesta social del 2021 y quizás, del 9, 10 y 11 de septiembre del 2020″, concejal, Diego Cancino.
Dato: La fiducia se creó 68 días después de la firma del inicio del contrato con la concesión, cuando debió hacerse al mismo tiempo.