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A ministro de Petro le tocará rectificar una frase dicha por un ministro de Duque

Por una orden de la justicia, el actual Gobierno tendrá que enmendar un error del anterior.

El presidente Petro en consejo extraordinario de seguridad.
Ataque de disidencias deja 6 soldados muertos y 7 desaparecidos en Colombia EFE/ Presidencia de Colombia (Presidencia de Colombia/EFE/Presidencia de Colombia)

La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó al actual Gobierno reconocer a los menores de 18 años reclutados en el marco del conflicto armado como víctimas y no como “máquinas de guerra”, expresión que utilizó el exministro de Defensa Diego Molano para referirse a ellos.

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El 2 de marzo de 2021 en un bombardeo en el municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, fallecieron 12 menores de edad a los que Molano, entonces ministro de Defensa del Gobierno de Iván Duque, calificó como “máquinas de guerra”.

Molano defendió el accionar de la fuerza pública y condenó que “las disidencias de las Farc siguen reclutando a estos jóvenes y los convierten en máquinas de guerra”.

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“¿Estos 12 niños estaban cargando los fusiles? ¿Estaban cargando las ametralladoras? Aquí lo que tenemos son máquinas de guerra formadas por ellos y buscando planear y desarrollar acciones terroristas”, consideró en ese entonces el exministro de Defensa.

Estas declaraciones fueron llevadas ante la JEP por la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) y la Sección de Apelación del tribunal dio 15 días al Gobierno del ahora presidente Gustavo Petro para pronunciarse y reconocer públicamente a los menores reclutados forzosamente como víctimas.

Además, ordenó al Ejecutivo promover acciones de política pública y militar para eliminar los discursos justificativos sobre los menores de edad en el marco del conflicto.

“Referirse a los niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados en el marco del conflicto armado como ‘máquinas de guerra’ negando su condición de víctimas para reducirlos a la expresión de ‘graves delincuentes’, constituye una clara omisión del Estado de cumplir con las obligaciones que le son impuestas por la Constitución Política”, concluyó la JEP en el fallo.

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