Todo un revuelo ha causado el proyecto de Ley del Ministerio de Justicia que en las próximas semanas será presentado al Congreso para debate.
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El borrador busca que las personas privadas de la libertad puedan acceder a un proceso de resocialización por medio del trabajo, como medida de evitar la reincidencia y reducir el grave hacinamiento que se vive en diferentes cárceles del país.
La iniciativa del Ministerio Público propone que puedan prestar servicios no remunerados en institución públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales.
“Los que el condenado realice en beneficio de la sociedad, las cuales podrán consistir en labores de recuperación o mejoramiento del espacio público; apoyo o asistencia a las víctimas siempre que estas lo acepten; asistencia a comunidades vulnerables; realización de actividades de carácter educativo en materia cultural, vial, ambiental, y otras similares que permitan el restablecimiento del tejido social afectado por el delito”, señala la entidad.
Su trabajo se realizaría cinco horas por cada semana de privación de la libertad que tenga pendiente por cumplir, superar las ocho horas diarias y 20 semanales. Todo esto se haría para que dejen las celdas durante el día y regresen durante la noche.
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“Antes de concederse la libertad preparatoria el Consejo de Evaluación y Tratamiento estudiará cuidadosamente al condenado, cerciorándose de su buena conducta anterior por lo menos en el último año, de su consagración al trabajo y al estudio y de su claro mejoramiento en el proceso de su readaptación social”, dicta el artículo 148 como parte de uno de los requisitos.
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Además, el o la privada de la libertad debe cumplir con una pena igual o inferior a seis años o que no cuente con antecedentes judiciales dentro de los cinco años anteriores.
Por último, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aclaró que este beneficio no aplicará para reclusos que hayan cometido abuso contra menores de edad, delitos contra la administración pública o algunos otros delitos graves.
