El auto 1928 de 2022 de la Corte Constitucional, ordenó el pasado 15 de diciembre de 2022 al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, garantizar el pleno cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013. Fallo que establece directrices para las corridas de toros, en la cual no la prohíbe en casos en que sea patrimonio cultural.
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“Deberá, a partir de la siguiente temporada taurina, en el marco de sus competencias y utilizando los instrumentos jurídicos a su alcance (ej. excepción de inconstitucionalidad). Desplegar las actuaciones administrativas y contractuales requeridas para garantizar la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia en la ciudad de Bogotá (Plaza de Toros de Santa María)”.
Este proceso inició luego de una tutela interpuesta por la Corporación Taurina de Bogotá (CTB) contra la Alcaldía de Bogotá, donde argumentaban la vulneración al debido proceso y al derecho de la libertad de expresión artística, luego de que las autoridades terminaran anticipadamente un contrato entre las partes para usar la Plaza La Santamaría en espectáculos taurinos.
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“Esto, pues no solo consiguen la suplantación del espectáculo taurino por otra actividad radicalmente diferente, sino porque además con ello invaden los momentos en los que tradicionalmente se practica la tauromaquia y que son los únicos en que la Plaza puede destinarse para dicha actividad, de acuerdo con los condicionamientos de la sentencia C-666 de 2010, que refirió a condiciones de temporalidad para su realización”, señala la decisión tomada con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo.
Ante esta noticia, la senadora animalista, Andrea Padilla, rechazó la decisión a través de su cuenta en Twitter. “Los animales merecen respeto y tienen pleno derecho a vivir libres de tortura. ¡Vamos por la prohibición de las corridas de toros en Colombia”.
Cabe recordar que el Senado aprobó el proyecto que busca la eliminación gradual de las corridas de toros en Colombia. Ahora, desde el próximo año, pasará por la Cámara de Representantes y de dar luz verde, será sancionada por el presidente para convertirse en Ley de la República.
