Tras conocerse este viernes la lista de las siete personas pertenecientes a la Primera Línea en el Paro Nacional que serán las primeras que saldrán de prisión para convertirse en Voceros de Paz en el gobierno de Petro, sus historias también comienzan a ser visibilizadas, al igual, que los delitos por los cuáles fueron capturados en el marco de la protesta social.
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Estos primeros siete liberados fueron: Santiago Márquez, Arles Andrés Bolaños, Adriana Esperanza Bermeo, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano, Álvaro Andrés Duque Ruíz y Ever Hinestroza.
El primero de ellos, Santiago Márquez, quien fue solicitado para cambio de prisión a mediados de enero de este año junto a ‘Alias 19′, quien en este momento fue trasladado a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Valledupar.
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Fue así como Fernando Urrea Martínez (todavía en prisión) y Santiago Márquez (ahora en libertad), fueron trasladados a la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Girón, Santander, donde estuvieron aislados preventivamente.
En ese entonces, el director del Inpec, mayor general Mariano Botero Coy, informó que estas personas estaban “están siendo procesados por los hechos de violencia registrados durante los disturbios en las diferentes ciudades del país y hacían parte de la denominada Primera Línea. Los traslados fueron ordenados en coordinación entre el Inpec, el Ministerio de Justicia, como resultado de las investigaciones conjuntas adelantadas por la Dijin, Grupo Gaula de la Policía, la Policía Metropolitana de Bogotá y el Instituto Penitenciario y Carcelario”, señaló.
Historias de los primeros liberados de la Primera Línea ¿Por qué delitos los acusan?
De igual forma, Adriana Esperanza Bermeo, otra de las mujeres liberadas, fue capturada junto con Santiago Márquez en una investigación de la Fiscalía. Un agente encubierto junto a largas horas de grabaciones telefónicas permitió documentar los actos vandálicos cometidos en Bogotá por 10 de los 13 integrantes de la autodenominada ‘Primera Línea 80′ capturados en operativos de la policía judicial.
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El fiscal aseguró que los elementos de prueba recolectados por los investigadores vinculan a este grupo de detenidos en por lo menos cinco eventos graves de violencia, vandalismo y ataques contra la Fuerza Pública y la ciudadanía en el marco de las protestas adelantadas entre mayo y septiembre de este año en sectores como las localidades de Suba y Engativa.
Dentro de los casos de mayor relevancia, la Fiscalía les atribuyó los hechos registrados el pasado 20 de julio a la altura de la calle 145 en la localidad de Suba donde protagonizaron una confrontación violenta con miembros de la fuerza pública que trataban de controlar los desmanes registrados en la zona.
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Según el fiscal varios de los capturados llegaron al punto de atacar con bombas molotov a los uniformados de la policía y agredir en el piso a algunos de los agentes, causándoles heridas de consideración.
“Esta organización realizó los actos vandálicos en el sector de la avenida Cali con avenida Suba, en la cual se llevó a cabo la tenencia y lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos bombas molotov en contra de la fuerza pública, determinando además que agreden a uno de los policías, arrojándolo al piso y rompiéndole el escudo con el cual se están defendiendo, generándoles lesiones en su integridad personal”, manifestó el fiscal.
En otro evento, los capturados destruyeron y vandalizaron un bus del Sistema Integrado de Transporte SITP.
“De manera intempestiva es atacado el bus en su frontal con un objeto contundente al igual que el resto del automotor, el conductor preso del terror y la zozobra baja del vehículo sin siquiera apagarlo, los agresores tratan de retenerlo, pero este logra escapar y es auxiliado por la comunidad”, relató al juez el fiscal del proceso.
Sobre el proceso del resto de los casos, existe muy poca información pública disponible de las trescientas personas que siguen tras las rejas después del Paro Nacional.
