La revista Cambio ha causado revuelo desde su relanzamiento gracias a sus denuncias y columnistas, por eso sorprendió a muchos que uno de ellos, Alejandro Villanueva, denunciara que había sido retirado de la publicación “por decisión editorial”, después de enviar una columna sobre Néstor Humberto Martínez que no fue publicada.
Villanueva se contactó con Publimetro y le entregó la columna, titulada “Régimen de complicidades”, la cual Cambio no quiso publicar y que reproducimos a continuación:
Régimen de complicidades
Por: Alejandro Villanueva
La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez, llevó a cabo montajes judiciales contra algunos empresarios: se les declaró testaferros de bienes ocultos de las Farc, entre otros delitos, usando para esto falsos testigos, entrevistas irregulares, extorsiones y órdenes judiciales viciadas. Todo, al parecer, con el fin de obstruir el Proceso de Paz.
Todo esto comenzó con la Resolución 03715 del 8 de noviembre del 2016, Martínez Neira le dio nacimiento al Grupo de Trabajo para la Persecución de Activos Ilícitos (GPAI). El entonces Fiscal General, en una entrevista con Red+, presentó que el grupo estaría conformado por 100 funcionarios de la Fiscalía, 100 del Ejército y 100 de la Policía, un montón de personas. Por esto mismo, la Fiscalía afirmó que no era posible operar en el búnker, necesitaban un área de 1.351,6mts2 para su funcionamiento.
El GPAI terminó laborando en un edificio ubicado en la carrera 12 #23-79 Bogotá y desde el arriendo de las oficinas comenzaron con los torcidos. Arrendaron tres pisos por un valor de $642.600.000 COP, aunque se dieron cuenta de que sobraba un piso, así que entregaron uno y volvieron a suscribir un contrato de arrendamiento, pero esta vez solo por dos pisos y por un valor de $328,964,007 COP, para en el 2018 arrendar lo mismo, pero por un valor de $875,468,726. COP ¿Sobrecostos?
La razón de alejarse del búnker nunca fue el número de personas. El mismo Ejército afirmó no haber encontrado evidencia de pertenecer alguna vez a este grupo. Necesitaban otro lugar para operar de manera irregular sin problemas ni testigos. Se denuncia que en ese edificio la investigadora Silvia Yamile Suarez Rodríguez, sin motivación de investigación, les entregaba a los funcionarios entrevistas con reserva militar y los objetivos de tales montajes ya trazados por la Fiscalía.
Con esa información, los burócratas buscaban en Google y con lo encontrado se daba inicio al montaje. Esta forma de operar ha sido confirmada por los mismos miembros del GPAI ante jueces de la República. De ahí se armaron 60 carpetas con los nombres de presuntos testaferros de las Farc.
No deja de llamar la atención cómo muchos de los mencionados son simples campesinos. Esta lista fue entregada a la entonces directora Especializada contra el Lavado de Activos, hoy delegada contra las finanzas criminales, Luz Ángela Bahamón.
De estas referencias nacieron casos como el de la familia Mora Urrea y Mauricio Parra. No estoy diciendo que sean inocentes, a su vez tengo claro la pelea jurídica y mediática en la que se encuentran inmersos el abogado de los supuestos testaferros, Alejandro Carranza, y la fiscal Luz Ángela Bahamón. Pero los falsos testigos, las entrevistas irregulares, extorsiones y órdenes judiciales viciadas están ahí y prueban un claro entrampamiento.
En ese listado no se encontraba la familia Mora Urrea, dueña de la empresa Supercundi, pese a esto, fueron procesados como testaferros de alias `Romaña´, olvidando que Luis Alirio Mora Urrea fue secuestrado por la misma guerrilla, uno de los integrantes del bloque 21 de las Farc asegura que esto fue así y por eso la JEP acredita a los Mora Urrea como víctimas de secuestro. ¿Cómo se puede ser testaferro de sus secuestradores?
La razón de esta investigación sería el particular interés de la fiscal Bahamón hacia la familia Urrea. Ella junto a la investigadora del DAS, Luz Cenid Villalba Arenas, montaron el proceso. Según estas señoras, todo comenzó porque una fuente no formal, prácticamente cualquier persona, les dijo que en Panamá estaban investigando a los Mora Urrea por movimientos bancarios sospechosos.
La cosa se torna turbia cuando el gobierno colombiano le pide al panameño datos de los Mora Urrea y les responden con que no los tienen en la base de datos. ¿Cómo se investiga así? Hoy en día el proceso sigue siendo irregular. El 7 de junio del 2022, el exfiscal Gabriel Jaímes le compulsó copias a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que investigara si ambas habrían ocultado pruebas para judicializar a los Mora Urrea.
El proceso de Mauricio Parra es complejo ya que su condena por narcotráfico y los muertos que se le atribuyen lo hacen el perfecto testaferro de las Farc, pero, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Parra pasó tiempo en la cárcel y fue en ese periodo en el que aseguran que se encontraba parchando con alias el ‘Paisa’. ¿Desde la cárcel? La Fiscalía para procesarlo como testaferro consiguió a un falso testigo: Fernando Bahamón Céspedes. Él corrobora una entrevista militar de alias ‘Satimba’. La defensa de Parra la presume como manipulada porque se encuentra llena de contradicciones temporales y jurídicas. De ahí la fiscal Andrea Malagón inicia el proceso de extinción del dominio.
Bahamón Céspedes es un señor que asegura ser guerrillero, aunque en el informe presentado por hoy exfiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, ante la Corte Interamericana es clasificado como “paramilitar perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”. Bahamón Céspedes fue el que dio nacimiento a la Farc-política y desde ahí ha intentado involucrar a un montón de gente con la extinta guerrilla, entre estos al actual presidente Gustavo Petro. Según la jurisprudencia, lo que ha dicho es `pura paja ́ ya que muchos testimonios presentados por Bahamón Céspedes han sido declarados por la justicia como falsos.
Además de que los guerrilleros veteranos Raúl Aguádelo Medina, Hernando Butrigado Martha y Wilkin Fernando Lugo Ortiz le afirmaron a La Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá no conocer a Bahamón Céspedes dentro de las filas de la guerrilla ni mucho menos en la zona en la que aseguró militar.
En el oficio 479, firmado por el entonces comandante del Departamento de Policía del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, se califica a Bahamón como un traficante de información y un falso informante. Bahamón Céspedes entró al programa Justicia y Paz para luego pedir ser retirado, la fiscal Claudia Patricia Arguello le concede el deseo no sin antes aclarar que Bahamón no aportó a la verdad y pedir una investigación penal en su contra.
Aun así, es testigo estrella del proceso contra Mauricio Parra, todo esto con la complicidad del fiscal Carlos Nicolás Sotomonte. A Bahamón Céspedes le tomaron varias entrevistas donde presentó información que no fue mencionada en el pasado y era contradictoria con sus versiones anteriores, de ahí Sotomonte emitió órdenes de policía judicial.
Una de estas órdenes terminó en las manos del investigador José Domingo Romero Herrera. En la orden judicial, Sotomonte solicitó ubicar a Mercedes Manrique, pero quien actúa de testigo contra Parra es una mujer identificada como Stella Manrique, como si fueran la misma vaina. A Domingo se le ordenó ir a la oficina de Sotomonte y ahí se le entregó el número telefónico de Fernando Bahamón.
Domingo lo llama a lo que Bahamón le dice que con gusto localiza a los testigos. Romero vuelve a contactarse con él, pero esta vez para decir que ya se encuentra en el búnker en cumplimiento de la orden judicial junto a Sotomonte y los testigos ¿Cómo es que el falso testigo sabe cuál es la orden de policía judicial? ¿Cómo es que Sotomonte le encarga a un condenado y falso testigo la tarea de ir a buscar más testigos?
Al parecer todo esto era para extorsionar a Parra. Esta denuncia ante la justicia que se le pidieron 500 millones de pesos a cambio del silencio de Bahamón Céspedes. Él narra los hechos diciendo que Bahamón Céspedes fue hasta su oficina a pedirle el dinero, su chantaje se basaba en que era amigo del fiscal Sotomonte y que si no pagaba lo iban a joder entre los dos, para probarle tal amistad llamó a Sotomonte y le contesto. Lo cierto es que Sotomonte manejaba la línea de Bahamón Céspedes, tanto así que cuando le ordena al investigador José Domingo Romero Herrera ubicar los testigos, este le da el número de “Fernando”. Asimismo, existe un video de tal reunión en la oficina de Parra.
Esto se contrasta con un informe en el que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le expresa a la Fiscalía su preocupación, ya que al entrevistarse con la pareja de Bahamón Céspedes este la estaba amenazando por una plata que le iba a llegar de la Fiscalía. Mauricio Parra dice que ese dinero hace referencia a los 500 millones de pesos que Bahamón Céspedes le había pedido.
No es la primera vez que se habla de extorsión por parte de la Fiscalía de Extinción del Dominio. El Espectador investigó cómo Andrea Malagón, la persona que le abrió el caso a Parra y superior de Sotomonte, fue señalada de cobrar el 10% del valor de los bienes afectados en extinción de dominio por devolverlos a sus dueños, el mismo Otto Bula dijo que con ella había que negociar.
Es tan descarada la postura de la Fiscalía que aun cuando se han compulsado copias contra fiscales, testigos; y el llamado de atención por parte de los observadores de paz, que han dejado en evidencia la instrumentalización de la Fiscalía para atacar el acuerdo de paz, se protege a Luz Ángela Bahamón, Fernando Bahamón Céspedes, y Nicolás Sotomonte. Bajo este régimen es muy difícil determinar quién manda en la Fiscalía General de la Nación.
Para Luz Ángela Bahamón y su abogado todo esto es un montaje mediático creado por el señor Alejandro Carranza, representante de los supuestos testaferros. De la misma forma hablé con el señor Sotomonte, me negó todo, no sin antes advertirme que no me dejara instrumentalizar por la guerrilla. Ambos me dijeron que toca dejar operar a la justicia, la cosa es que es muy difícil confiar en esta ya que W Radio sacó un audio donde el Juez Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga afirmaba “imagínese, Néstor Humberto está detrás de eso, semejante”.
