A un años de la ocurrencia del Paro Nacional del año 2021 en Colombia, varias de las violaciones a derechos humanos y daños colaterales de las mismas salen de la sombra para ser conocidos por la opinión pública a nivel internacional. Esta vez, Amnistía Internacional, movimiento global a favor del respeto y la protección de los derechos humanos, emitió un nuevo informe sobre las violencias basadas en género y sexuales que se vivieron en estas manifestaciones.
Em términos generales, la organización argumenta que la violencia basada en género, incluyendo la violencia sexual, ha sido parte del repertorio de violencia utilizado en Colombia por parte de actores armados y no armados, estatales y no estatales. Las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) son quienes, a través del tiempo, la han sufrido de manera acentuada y desproporcionada. Además, la respuesta estatal es insuficiente y los altos índices de impunidad persisten. Por esta razón, actualmente miles de personas sobrevivientes a estas violencias reclaman la garantía de sus derechos y el acceso a la justicia.
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Amnistía Internacional resalta que en el marco de estas manifestaciones se presentaron violencias reiteradas que se presentaron contra mujeres, niñas y personas diversas, que en este caso pudieron ser documentadas con por lo menos 28 casos. “El factor común en todos los casos es la intención con la que se ejerce la violencia: Los perpetradores buscaron castigar a las víctimas, por contrariarlas normas sociales de género y salir a la calle a reclamar sus derechos”, dice la organización internacional al respecto.
De igual forma, Amnistía Internacional reportó que recibió cientos de denuncias sobre violencia basada en género ocurrida durante el Paro Nacional. Dentro de las denuncias hubo violencia psicológica, amenazas de violencia sexual, violencia por prejuicio contra personas LGBTI, tocamientos y acoso sexual, desnudez forzada, discriminación por razones de género, tortura y violación sexual en contra de mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, reporteras, brigadistas de salud, madres que acompañaban las marchas y, en general, mujeres que participaron en las protestas.
Los 28 casos documentados a detalle ocurren en las ciudades de Cali y Palmira (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), Soledad (Atlántico), Tunja (Boyacá), Manizales (Caldas) y Bogotá, que se dieron en dos casos particulares: durante la acción de la Policía Nacional para la dispersión de las manifestaciones y durante detenciones a personas manifestantes luego de la intervención en las manifestaciones.
El informe revela que se presentaron 491 mujeres víctimas de violencia policial no necesariamente asociada al género en el marco de protestas, 28 víctimas de violencia sexual y 5 casos de violencia en razón del género cometida contra personas LGBTI manifestantes. La mayor parte de los casos presentados corresponden a violencias ejercidas por agentes del ESMAD en contextos de dispersión de las manifestaciones con gases lacrimógenos. Las mujeres y niñas agredidas fueron separadas de los grupos de manifestantes y, cuando estaban solas, bajo el pretexto de realizar el registro de personas o requisas, los agentes cometieron la violencia sexual en su contra.
El caso de Camila* y Sofía*
Cantando y gritando por sus derechos, las dos mujeres de veinte años, a las que se les cambió el nombre por seguridad, sintieron el lanzamiento de bombas aturdidoras contra un grupo de manifestantes pacíficos. Recuerdan que ningún hecho de violencia precedió el lanzamiento de este gas. Todas las personas corrieron y Sofía quedó aislada y sola contra un muro. En ese momento fue abordada por un agente del ESMAD quien, sin mediar palabra, “metió su mano entre su pantalón, tocando su vulva e introduciendo sus dedos en la vagina”. Entró en shock y no podía respirar bien, además de divisar que otro agente del ESMAD en el lugar no impidió lo que estaba ocurriendo.
Minutos después, cuando intentó identificar al agresor, este se retiró rápidamente. Sofía realizó la denuncia en redes sociales y presentó declaración ante la Fiscalía General de la Nación el 1 de mayo de 2021, pero un año después afirma que no se han dado avances en la investigación ni identificación e imputación de cargos al perpetrador. Fue amenazada en redes sociales, por lo que ella y su familia ahora se encuentran en riesgo; y aunque su abogada solicitó inspección del lugar, no hay cámaras de video alrededor. La organización que acompaña su proceso denuncia que en la misma fecha y en el mismo lugar, a pocos metros, habría ocurrido un hecho similar, pero la sobreviviente no quiso denunciar por temor a que pudiera haber represalias en su contra.
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Rosario* y su hija Natalia* fueron utilizadas como advertencia
En el contexto de manifestaciones pacíficas, el ESMAD lanzó bombas lacrimógenas, acompañadas de disparos de armas traumáticas. Rosario relata: “tanto mi hija como yo, fuimos impactadas por proyectiles de arma traumática; mi hija en el área de la espalda, y yo en la cabeza. En tanto un agente del ESMAD coge a mi hija para tratar de ahogarla en un pozo de agua que había en el sector, yo soy arrastrada con golpes por bolillos y patadas hasta el cañal, donde un agente del ESMAD me quita el saco, me levanta el top, me abre el pantalón, todo lo anterior con el fin de tocarme las áreas genitales”.
Les dijeron que deben mandar un mensaje a todas las mujeres que estaban en la manifestación: “zorra te vamos a matar, anda llévales un mensaje a esos hijueputas, que lo mismo le va a pasara cualquiera”. La abogada de derechos humanos que las acompañó desde el primer momento recuerda que ellas llegaron sangrando, pidiendo auxilio y gritando asustadas: “van a venir y nos van a violar a todas, por eso me dejaron venir a advertirles”. Rosario y su hija decidieron no presentar una denuncia penal por temor a repercusiones negativas.
Las recomendaciones
Con este y con las decenas de otras casos, Amnistía Internacional recalca que es necesario que tanto el presidente como las altas autoridades del Gobierno Nacional redoblen esfuerzos para la implementación de un plan nacional para la prevención de la violencia basada en género, promover la creación de mecanismos independientes de supervisión de la Policía Nacional y no emitir un discurso estigmatizante y basado en estereotipos de género.
Además, Amnistía Internacional recomendó reforzar el sistema judicial, facilitar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas, afrocolombianas, rurales y migrantes; y desarrollar una reforma estructural a la Policía Nacional que redunde en la protección y garantía de los derechos humanos como fundamento de su accionar.
