Este viernes 25 de noviembre, es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Una fecha para conmemorar la declaración emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, en la cual definió la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico. Así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Y las razones para salir a las calles no sobran. Pues las cifras no son nada alentadoras.
Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, entre enero y septiembre de 2022, se han registrado 445 feminicidios en el país. 80, ocurrieron en el Valle del Cauca; Antioquia, 64 y Bogotá, 59 casos. Y el mes con mayor número de casos fue abril (67).
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Mientras que los casos de violencia sexual siguen en aumento. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, Medicina Legal realizó 21.434 exámenes médico-legales por presuntos hechos de violencia sexual. Del total, 18.726 fueron practicados a mujeres, es decir, el 87,37 %; y 2.708 a hombres, 12,63%.
Las niñas tampoco son ajenas a este panorama. En 2021, hubo 612.228 nacimientos registrados en Colombia, de los cuales, el 18,2 % (111.548) fueron producto de embarazos de menores y adolescentes entre los 10 y 19 años. (DANE)
Esto obedece a los abusos sexuales y situaciones de violencia, de las que estuvieron expuestas las niñas y adolescentes en sus hogares, durante los confinamientos y cuarentenas decretadas para contener el coronavirus.
Pues hay que tener presente, que los nacimientos registrados en 2021 son productos de relaciones contraídas en el 2020. Una época dónde víctimas y victimarios convivían en un mismo espacio.
La solicitud al presidente Petro, para que declare Emergencia Nacional por Violencia de Género
Son por estas y más cifras, que la congresista por el Pacto Histórico, María José Pizarro, con el apoyo y asesoría de Limpal, una organización feminista, pacifista y antimilitarista más antigua del mundo, presentó el pasado 16 de noviembre, a la Comisión Legal de Equidad para la Mujer y la Comisión de Paz del Senado, una solicitud de declaratoria de Emergencia Nacional por Violencia de Género.
La misiva está dirigida al presidente, Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez. Y fue firmada por los congresistas: David Racero, Izabela Zuleta, Iván Cepeda, Gloria Flórez, María Fernanda Carrascal y más.
“No son hechos aislados, no son solo casos fortuitos, se trata de una práctica sistemática de violencia contra las mujeres por el solo hecho de serlo. Es una epidemia. Toda la institucionalidad debe emprender las acciones necesarias para parar la violencia contra las mujeres. Y la declaratoria de emergencia es el primer paso para lograrlo”, explicó Carrascal, sobre el por qué firmar.
Sin embargo, según Diana Salcedo, directora de La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, Limpal, en entrevista con PUBLIMETRO COLOMBIA, “no ha habido un masivo acompañamiento de estas iniciativas por parte de los hombres congresistas. Este escenario (legislativo) no ha sido el que más se la ha jugado por la agenda de las mujeres”.
Y no solo esto. Salcedo cuenta que ha habido ausencia en las firmas, por parte de partidos como el Conservador y Centro Democrático. Donde este último, además, “se ha opuesto a (la creación) del Ministerio de la Igualdad”.
Esta petición estará siendo radicada formalmente al despacho del presidente este viernes y se enviará la próxima semana.
Mientras tanto, este 25 noviembre, durante el Puesto de Mando Unificado en Chocó, también se dará espacio a dialogar en torno a esta declaratoria.
Las razones por las que piden la declaración
Diana Salcedo, explicó cuatro elementos fundamentales que las llevaron a que solicite la declaratoria de emergencia:
1. El aumento de las violencias sistemáticas durante el 2022 contra las mujeres y la población LGBTIQ, como consecuencia de la pandemia.
2. La poca celeridad en los procesos de investigación y sanción. Como pocos funcionarios para atender los casos. “Las barreras estructurales asociadas a la ideología patriarcal que permanecen en los funcionarios públicos, hace que se considere que las mujeres tenemos la responsabilidad de las violencias que ocurren sobre nuestros cuerpos. Y eso hace que la respuesta de investigación y sanción sea muy mínima”.
3. Las instituciones no están garantizando plenamente los derechos de las mujeres y hacen que continúen las violencias.
4. Una estructura patriarcal y desigual que sigue priorizando otros temas por encima de salvar la vida de las mujeres. “Somos nosotras las que tenemos menos inversión en el Presupuesto General de la Nación”, dice Salcedo.
Las medidas que esperan se tomen por parte del gobierno
En la carta, Limpal y la senadora María José Pizarro, propone al presidente, Gustavo Petro y vicepresidenta, Francia Márquez, siete medidas a tomar, en caso de que se declare la Emergencia Nacional por Violencia de Género.
De estas destacan: crear unidades judiciales con enfoque de género. Hacer seguimiento individualizado de cada caso para evitar riesgos de agresiones. Generar una campaña nacional de pedagogía para generar una conciencia social sobre este flagelo, y más.
Por todo esto, miles de mujeres estarán recordando a las madres, hijas, hermanas o amigas, a quienes les arrebataron la vida o las violentaron sexualmente. Y pedir que pare ya la violencia contra ellas.
