La Procuraduría General de la Nación entregó el primer informe producto de las investigaciones disciplinarias abiertas luego del asesinato del pequeño Gabriel Esteban, en manos de su confeso padre, en un hotel del municipio de Melgar en el departamento del Tolima. Los hallazgos son realmente preocupantes.
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Tras denuncias por posibles falencias de la institucionalidad en este caso, la Procuraduría empezó a indagar y se dio cuenta de que los problemas familiares, el maltrato y la negligencia alrededor del pequeño ya estaban reportados con anterioridad ante las autoridades. El pequeño de cinco años estaba habitando en un entorno de enfrentamiento entre sus padres y maltratos por parte de su mamá denunciados.
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La Procuraduría, entonces, realizó hallazgos importantes como que el padre ya en repetidas ocasiones se negaba a entregar nuevamente el niño cuando se lo llevaba de visita. Además, ya varios defensores de familia de la localidad de Usme habían hecho denuncias sobre descuido, abandono y maltrato por parte de la madre del menor, Consuelo Rodríguez.
Fueron ocho llamadas de aviso de peligro en que se encontraba Gabriel Esteban Cubillos
En Defensoría de esta localidad habría registro de varias llamadas, en total ocho, que muestran la preocupación de la trabajadora social por el entorno en el que se encontraba el pequeño de cinco años. Las llamadas datan del 16, 25 y 31 de julio; 6, 20, 27 y 28 de agosto y 10 de septiembre. Además, la madre del menor, habría dejado constancia de que estaba en peligro por la separación con su exesposo, que terminó en confrontación porque ella tenía una nueva relación.
“Según la información verbal dada por el funcionario de la Comisaría, Libardo Parra Afanador, en varias ocasiones la progenitora Consuelo Rodríguez Salguero manifestaba que la violencia era contra ella por haber terminado la relación con su excompañero y tener una nueva relación”, dice el informe presentado por el Ministerio Público.
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Por su parte, la trabajadora social Clara Esperanza Torres también había dejado constancia de que a la señora Consuelo Rodríguez se le debía continuar un proceso de seguimiento puesto que se trataba de un caso de acoso y hostigamiento en el que se encontraba. En este sentido, la Procuraduría explicó que “se debió explorar la dinámica familiar y la existencia de otras actuaciones administrativas de restablecimiento de derechos en favor del núcleo familiar”. De igual forma, las autoridades debieron indagar en las afectaciones que permitieran prever un comportamiento violento, agresivo o criminal del padre hacia su hijo o si lo había empezado a utilizar para afectar a la madre.
Entonces, la Procuraduría concluyó que el pequeño habría sido maltratado tanto por su padre como por su madre, por lo que no debía estar en custodia de ninguno, y que las alertas que ya se habían emitido debieron servir de base para tomar acciones, pues de haberlo hecho, el pequeño estaría vivo.
