El asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, perpetrado en Bogotá el 13 de agosto de 1999, llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estudiará la violación a los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y la libertad de pensamiento y expresión que implicaron su homicidio.
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En este sentido, la CIDH admitió la petición que la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) hicieron en 2011 por el asesinato de Garzón, y desestimó la petición de inadmisión del caso planteada por el Estado colombiano, informaron este lunes las dos organizaciones.
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La CIDH señaló que si bien se han producido investigaciones penales y decisiones contencioso administrativas, han trascurrido 23 años desde el momento del crimen sin que se haya identificado, investigado y juzgado a todos los responsables de su asesinato, “ni mucho menos indagado sobre todos los posibles responsables intelectuales dentro de la cadena de mando militar y civil”.
Sobre las investigaciones penales, la CIDH subrayó que “esta carga debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como una gestión de intereses de particulares o que dependa de la iniciativa de estos ni de la aportación de pruebas por parte de las víctimas”, según citó el Cajar en un comunicado.
La responsabilidad del Estado colombiano en muerte de Jaime Garzón
En este sentido, las organizaciones que impulsaron este proceso señalaron en el comunicado que “dada la sustancial impunidad en que se mantienen los hechos, es necesario un pronunciamiento de fondo que establezca la responsabilidad internacional del Estado colombiano”, para celebrar la decisión de la CIDH.
Para Cajar y la CCJ “quienes desviaron la investigación no incurrieron solamente en los delitos de fraude procesal y falso testimonio, como lo aseguró en su decisión la Fiscalía (...) Si la investigación realizada por esta entidad se adecuara a un enfoque macrocriminal tendría a su alcance los elementos indiciarios y el material probatorio para esclarecer que hicieron parte de un entramado que ideó, ejecutó y encubrió el asesinato de Jaime”.
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Jaime Garzón, también abogado y periodista, fue asesinado en Bogotá por sicarios mandados por el entonces jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, con la complicidad de agentes del Estado, entre ellos José Miguel Narváez, en la época subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta, suprimida años después.
Su asesinato mostró la degradación del conflicto en un crimen que 23 años después sigue estremeciendo al país dada la popularidad de que gozaba la víctima.
