A las 6:35pm de este miércoles, el presidente Gustavo Petro llegó hasta el Palacio de Liévano, para adelantar un consejo de seguridad junto con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el fiscal, Francisco Barbosa y los directores de la Policía y Ejército, Carlos Fernando Triana y Luis Mauricio Ospina, respectivamente.
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Uno de los temas que estarán sobre la mesa concierne sobre los 23 cuerpos sin vida que han sido encontrados en bolsas de basura y abandonados en plena vía pública en lo que va del 2022. De estos, 19 tenían señales de tortura.
Asimismo sobre las bandas criminales que operan en la ciudad y que son responsables de los macabros asesinatos que en las últimas semanas se han documentado. Tal es el caso del ‘Tren de Aragua’. Una organización que nació hace diez años en Venezuela, está conformada por 2.700 hombres que son reconocidos por su violencia y sevicia. Y operan en países de la región como Perú, Brasil, Colombia, Chile y Bolivia.
Estas organizaciones, señala la Defensoría del Pueblo, quien además ya había advertido a través de la Alerta Temprana 10-2021, se disputan el control de las economías ilegales.
¿Cuáles fueron las conclusiones del Consejo de Seguridad?
Al termino de la reunión que duró alrededor de tres horas y media, la alcaldesa de Bogotá realizó siete requerimientos al presidente, Gustavo Petro, quien señaló que el primer mandatario ejecutará unas de manera inmediata, mientras que otras las evaluará.
1. Aumentar las capacidades de investigación criminal para la DIJIN, SIJIN, POLFA y todas las ramas de inteligencia que tienen como objetivo combatir la criminalidad. Además de cumplir con el aumento del pie de fuerza que se había pactado con 1.500 policías en 2022 y 1.500 al cierre de 2023.
2. Redefinir las metas de operación y eficacia de la Policía: menor homicidio, mayor desarme, mayor desarticulación y judicialización de bandas, menor denuncia de abuso y mayor confianza.
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3. Liderar el plan Desarme por la Vida.
4. Dar mensaje de urgencia al proyecto de justicia restaurativa y al de competencias carcelarias. “No queremos cárceles
5. Apoyar la labor de la Fiscalía con la asignación de más fiscales especializados e inversión en tecnología para la investigación.
6. Cofinanciación para los proyectos sociales de alto impacto, como renta básica para mujeres, ‘Parceros’, ‘Jóvenes a la U’’, mejoramiento de vivienda y de barrios y el el sistema distrital de cuidado.
7. Informar sobre los avances de la estrategia de paz total.
