En últimos minutos de la noche de este martes 9 de agosto se conoció concepto por parte del Procuraduría General de la Nación en el que pide a la Corte Suprema de Justicia proferir sentencia condenatoria en contra de la excongresista Aída Merlano Rebolledo. La excongresista, que actualmente se encuentra en Venezuela, habría gastado de más en su campaña para ser senadora en el Congreso.
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Merlano, según comentó el ente de control en una comunicación, “violó los topes o límites de gastos en su campaña al Senado de la República para el periodo 2018 – 2022″. En concepto rendido ante la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal, la Procuraduría solicitó que la Corte inicie los trámites para solicitar su extradición desde Venezuela, pues se ha verificado que se encuentra en ese país y se cumplen los requisitos legales para realizar el requerimiento.
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De igual forma, el Ministerio Público señaló que tras una investigación se determinó que la campaña de Merlano recibió más de $8.300 millones, por lo que habría superado el tope fijado por el Consejo Nacional Electoral. De hecho, lo habría superado con creces, pues para este caso de campaña era de $884 millones, señaló la Procuraduría.
Para la Procuraduría, la excongresista “afectó gravemente el bien jurídico tutelado de la participación democrática, puesto que desbalanceó injustificadamente la contienda electoral, haciendo que tanto aspirantes como electores vieran ante sus ojos el desmantelamiento de los principios de igualdad, participación, pluralismo y transparencia en tal indigno espectáculo”.
Por esa razón, el órgano de control solicitó al alto tribunal condenar a la excongresista, quien era representante a la Cámara para la fecha en que ocurrieron los hechos, por el delito de violación a los topes o límites de gasto en las campañas electorales. Por este delito, aclaró la Procuraduría, se podría sentenciar a Merlano con una pena de cuatro a ocho años. Por último, el órgano pidió que la condena se dicte bajo una circunstancia de mayor punibilidad.
