La búsqueda de la “paz total” en un país donde las distintas formas de violencia volvieron a crecer después de la firma del acuerdo con las Farc es una de las prioridades de Gustavo Petro como presidente de Colombia y una apuesta ambiciosa en momentos en que hay una embestida criminal del Clan del Golfo contra la Policía Nacional.
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El ambiente político favorece la iniciativa de Petro, que a partir de este domingo será el primer presidente de izquierda de Colombia y que tiene entre sus objetivos la reanudación de los diálogos de paz con la guerrilla del Eln y con otros grupos armados, una tarea nada fácil.
“El principal obstáculo es precisamente que existen múltiples actores armados con orígenes sociales, económicos y políticos igualmente diversos que va a hacer difícil que en cuatro años se logren procesos efectivos de negociación con todos ellos”, dijo el director del Doctorado y la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry.
El Eln, por ejemplo, tiene como delito transversal la rebelión, que se encuadra en fines políticos, pero el Clan del Golfo y otras bandas criminales basan su poder en delitos comunes como el narcotráfico.
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Apoyo internacional
La propuesta de “paz total” ha calado dentro y fuera del país, y Chile ya se ofreció como sede de un eventual diálogo con el Eln, aunque Petro parece inclinarse por Cuba nuevamente.
España también ha manifestado su voluntad de ayudar al desarrollo de esos diálogos que comenzaron en 2016 en Quito, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, y en 2018 fueron trasladados a La Habana donde aún se encuentran los principales jefes guerrilleros.
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Las conversaciones quedaron en punto muerto durante el actual Gobierno, que endureció las condiciones al Eln para negociar y se congelaron tras el ataque terrorista de esa guerrilla en enero de 2019, contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que dejó 22 muertos y 68 heridos.
“Indudablemente el tema de la paz de Colombia es un tema neurálgico para todo el continente y apunta hacia problemas complejos como el narcotráfico que también se ha vuelto un problema multinacional con una gran descarga de violencia en el continente”, dijo recientemente Petro.
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Para Charry, la apuesta de “paz total” de Petro “parece ambiciosa”, principalmente por la idea de hacer diálogos individuales y regionales.
En ese sentido, recalca que el camino no será fácil y que “quizás se abran muchas mesas de diálogo” y sería un éxito si se logra un acuerdo y “exitosísimo si fueran dos”.
Negociaciones regionales
El analista Manuel Alejandro Rayrán, profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, considera que las negociaciones regionales, como las que propone el próximo Gobierno, van a tener dificultades.
“Hay que ponerle atención a los modelos de negociación que se están planteando porque el Gobierno electo quiere empezar a hacer unas negociaciones regionales mientras que organizaciones como el ELN y el Clan del Golfo quieren hacer más que todo un acuerdo nacional”.
Según el analista, una eventual negociación con el Clan del Golfo tiene obstáculos adicionales porque se trata de un grupo dedicado al narcotráfico, entre otros delitos, y “habría que convencer a la población de que sea tomado como un actor político y no como una banda criminal”.
Más posibilidades con el Eln
Charry, por su parte, considera que el proceso que más fruto puede dar es del Eln; en segundo lugar se podrían entablar diálogos de paz con las disidencias de las Farc y, lejos “muy lejos”, seguirían el Clan del Golfo y otros grupos criminales.
“El Eln es un grupo que recientemente ha expresado su intención de entablar diálogos para una posible negociación con el Gobierno. Sin embargo, hay que hacer ciertas claridades: el Eln es una guerrilla en la cual cada frente es autónomo en sus decisiones y lograr que todos sus frentes se articulen en un mismo proceso es uno de los grandes retos”, puntualiza.
“Encareciendo” la negociación
Sobre el Clan del Golfo, Charry considera que con los recientes ataques contra la Policía lo que esa banda trata de demostrar es que tiene capacidad de hacer daño, de controlar determinados territorios para “encarecer y poner la vara alta ante una posible negociación”.
Recuerda que ese grupo y otras bandas ofrecieron al presidente electo un alto el fuego condicionado a que sus miembros no vayan a la cárcel y que, incluso, no sean extraditados.
En ese tópico considera que justificar la no extradición sería muy difícil sobre todo en un grupo que “no tiene una orientación política y que tiene una clara orientación hacia el narcotráfico”.
Charry añade que en las eventuales negociaciones de paz el Gobierno de Petro debe tener claras “las diferencias”.
“En el caso de los grupos armados con alguna orientación política, ofrecer condiciones similares a las que se le dieron a las Farc en su momento”, explica.
También puede jugar en favor del Gobierno el hecho de darle un “factor diferencial” a los nuevos grupos que quieran negociar “no de impunidad sino de una mejor implementación del derecho internacional humanitario”.
Además, será importante que en estos procesos se tenga “en el centro a las víctimas” porque “a veces en Colombia nos centramos mucho en las negociaciones entre el Gobierno y el grupo armado y nos olvidamos de que hay unos terceros afectados que deben estar incluidos y deben estar reconocidos y en este caso son las víctimas”.
Y los grupos que quieran negociar tienen que ofrecer “una genuina voluntad de paz con acciones concretas”, concluye.
