El 12 de mayo de 2021 durante el estallido social en el país, Alison Salazar de 17 años se encontraba grabando con su celular un procedimiento policial que estaba transcurriendo en la ciudad de Popayán, cuando entre 13 policías, agentes del ESMAD y GOES llegan a retenerla a las 9:05pm, mientras ella trata de soltarse y los demás patrulleros obstaculizan la grabación en la que el periodista está evidenciando todo.
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“¡Soltame!, ¡soltame”, gritaba. “¿Por qué no la grabaste cuando tiró una papa cocida (explosivo)?”, le dice el policía al reportero. Ella responde: “Dejá de hablar que yo estaba ahí (en la pared de la tienda)”.
Los minutos pasan y cuatro agentes del ESMAD la toman de la fuerza por sus extremidades, mientras Alison les dice: “Sóltame que me estás desnudando, imbécil. Sóltame”, mientras ellos le gritan que se controle. “Suelte esa mano, ¿qué es lo que está pensando, que una mujer le va a ganar a cuatro varones?, ¡La chimba! ... Jueputa vida, ¡hombre!”, dice uno de ellos.
Finalmente y a la fuerza, mientras otras personas alrededor les piden que “no la cojan así”, la víctima es dejada a las 9:10pm en la URI Fiscalía (Cra. 17 #9-47). “¡No me cojás mi pelo, idiota!”, es lo último que se le escucha decir durante la transmisión en vivo de Red Alterna.
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La Secretaría de la Mujer de Popayán informó en su momento que la menor de edad fue entregada antes de las 11:00pm a su abuela, de acuerdo a la minuta de ingreso y salida de la URI.
El suicidio de Alison
Un día después a este hecho la joven escribió en su muro de Facebook lo que vivió: “¿Les tocó cogerme entre cuatro, no? (...) En ningún momento me ven tirando piedras, me dirigía a la casa de un amigo (...) Ni siquiera corrí porque era peor. Lo único que hice fue esconderme detrás de un muro y solo porque estaba grabando me cogieron”.
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Posteriormente en su mensaje señala de la violencia sexual de la que fue víctima. “En medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma”. Horas después se conoció su suicidio.
La Secretaría de la Mujer de esa ciudad, le confirmó a Cuestión Pública que ella ingresó a Medicina Legal el 13 de mayo a las 15:00. “La abogada en derechos humanos que sigue el caso, Lizeth Montero, nos confirmó que su cuerpo fue entregado a las 2:25 del viernes 14 de mayo”, dijo el portal periodístico.
La misma jurista, en entrevista con el medio cerosetenta, les señaló que hubo irregularidades en el procedimiento policial. “Nunca apareció un defensor de familia. La detención fue injustificada. La conducción a la URI no cumplió ningún parámetro de derechos humanos. El celular y la maleta de Alison desaparecieron. Tampoco se permitió entrar a la URI a una defensora mujer, por el contrario, integrantes del Esmad las alejaron a ella y a una compañera hasta la mitad de la calle”.
Procuraduría profirió cargos a dos agentes del ESMAD involucrados en este caso
Luego de un año y tres meses, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra dos integrantes de la Policía Nacional, por un posible uso excesivo de la fuerza contra Alison Salazar.
Los cargos cobijan a los patrulleros Brayan Estiben Zambrano Zambrano y Carlos Andrés Quintero Bonilla, integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios No. 9, para la época de los hechos, quienes estaban pendientes por individualizar e identificar dentro del proceso disciplinario que se sigue por este hecho.
Las pruebas que tiene la entidad contra Zambrano, apuntarían a que este le habría propinado un golpe a la menor sin razón alguna, en medio de su retención.
Mientras que Quintero, presuntamente causó de manera intencional daño a la menor de edad por el exceso uso de la fuerza al momento de su traslado a las instalaciones de la URI de Popayán. “Posiblemente encuellando, asfixiando o haciendo fuerza sobre el cuello de la joven, cuando era trasladada por otros policiales”, dijo la Procuraduría.
Finalmente la conducta de los integrantes de la fuerza pública fue calificada provisionalmente como falta gravísima cometida a título de dolo. Sin embargo, aún no sabe por parte de los entes investigadores si los agentes involucrados u otros están siendo investigados por la denuncia de violencia sexual referida por la víctima.
ONG Temblores, recopiló a través de su plataforma GRITA, 5.048 denuncias, de las cuales 80 casos corresponden a violencia homicida, 47 a violencia sexual, 1.991 a violencia física, 66 casos de montajes judiciales y más, durante las movilizaciones.
