La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del Estado y dos civiles por los llamados “falsos positivos” en el departamento de Casanare, entre 2005 y 2008, cuando 303 personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros.
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La imputación se da en el marco del caso de “falsos positivos” que investiga la Justicia especial, en el que condenó las desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008, que supusieron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
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En la Brigada XVI “se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008″, concluyó la JEP, que apunta a “masividad de una conducta que permeó” la unidad.
Entre los miembros imputados están el mayor general Henry William Torres Escalante, dos coroneles, tres tenientes coronel y otros 10 oficiales, además de seis suboficiales, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y dos terceros civiles.
LA ESTRUCTURA
Los militares tuvieron “un rol esencial y determinante en la configuración del patrón criminal y participaron en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal”, señaló esta instancia especial surgida del acuerdo de paz de 2016.
En este sentido, la JEP destacó que “los responsables seguían una misma línea de conducta promovida por la comandancia. No se trataba de hechos aislados o cometidos de manera espontánea”. Además, recogió los testimonios de varios miembros de la Brigada XVI que aseguraron que las bajas en combate eran un indicador del éxito militar.
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Se trataba, por tanto, de “un plan criminal articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operación que estuvo orientado a la consolidación territorial y a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad de la región”.
Han sido imputados por el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), por separarse de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares.
Se trata de la tercera imputación que se produce en el caso 03 que lidera la JEP, el de los “falsos positivos”, que tiene seis territorios priorizados: Costa Caribe, Norte de Santander, Antioquia, Huila, Meta y Casanare.
LAS VÍCTIMAS
En su mayoría, las víctimas de “falsos positivos” en Colombia -que la JEP estima en 6.402- fueron hombres entre los 18 y 25 años, aunque en el caso de Casanare la JEP obtuvo información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas en estado de embarazo, dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa.
Además de los asesinatos y desapariciones, la JEP determinó que tres niños y adolescentes fueron utilizados para participar en las hostilidades.
Esto ha llevado, por primera vez, a la Justicia especial a imputar el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género. También es la primera vez la JEP imputa el crimen de guerra de utilización de niños y adolescentes por involucrar a menores de 18 años como reclutadores o personas encargadas de participar en el engaño que condujo a la muerte a algunas de las víctimas.
A su vez, la JEP constató que en su mayoría las víctimas eran miembros de la población civil que nunca habían participado en las hostilidades y tampoco existía información verídica que probara que habían perdido la protección que el derecho internacional humanitario otorga a los civiles en contextos de conflicto armado.
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Los asesinatos de jóvenes en “falsos positivos”, como se conocen en Colombia los asesinatos de civiles a manos de militares para presentarlos como bajas de guerrilleros y así conseguir ascensos, recompensas y dinero a cambio, se produjeron sobre todo entre 2002 y 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
Tras ser notificados, los imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o, por el contrario, rechazarlos. Una vez venza el plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento como las que se han celebrado dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, mientras que de ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de hasta 20 años de prisión.
