El pasado martes la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, aceptó el sometimiento voluntario de Trino Luna Correa, exgobernador del Magdalena entre 2004 y 2007 y condenado por parapolítica.
Luna, se comprometió ante la Jurisdicción a realizar un aporte a la verdad sobre la alianza entre ese grupo armado y los políticos de su departamento. Por ello esperan que esto pueda esclarecer el fenómeno de alianzas entre paramilitares y políticos en ese territorio.
“Los aportes de verdad ofrecidos por Luna Correa podrían ayudar particularmente en lo relacionado con: 1. La captación o cooptación de la administración pública por parte de las AUC. 2. El control político-electoral ejercido en el departamento por esa organización. Y 3. El financiamiento y apoyo logístico prestado por actores económicos locales a las estructuras de las AUC”.
De esta manera el mismo 12 de julio, en la etapa inicial del proceso, donde se da espacio al testimonio y posteriormente la JEP realizará la contrastación, detalle, verificación y concreción de la información, el parapolítico salpicó a varios exfuncionarios y hasta empresarios millonarios.
En un primer lugar mencionó a Mario Iguarán, exfiscal durante el periodo 2005-2009. Allí aseguró que para ser elegido, su campaña habría sido financiada por las AUC y, particularmente, por alias “Macaco” y alias “Jorge 40″.
Este último extraditado a Estados Unidos en 2008 y quien luego de cumplir su condena regresó a Colombia para purgar otra pena de 40 años de cárcel. “Macaco le ganó la partida a Salvatore Mancuso (paramilitar) que quería a Jorge Pretelt (jurista y político colombiano)”.
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Por estas declaraciones, la JEP le solicitó responder algunas preguntas como: “¿Para qué se destinaron los montos presuntamente contribuidos al señor Iguarán por parte de las AUC y cómo ello contribuyó a su nombramiento?” “¿Concrete si Salvatore Mancuso apoyó la elección del exfiscal general Mario Iguarán?”.
Por otra parte, el siguiente nombrado, fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalando que “las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), le ayudaron a Uribe a ser presidente”. Por esta acusación deberá explicarle a los y las magistradas, las razones por las que lo afirmó y si tiene algún conocimiento directo de tal situación.
Trino Luna también se refirió a la hoy senadora electa por el Partido Pacto Histórico, Piedad Córdoba. Narró que al parecer ella sabía, como entonces presidenta del Partido Liberal, que él contaba con el apoyo de las autodefensas para su elección en 2003 como gobernador del Magdalena. “Deberá indicar qué personas al interior del Partido Liberal. Y concretamente qué personas con cargos directivos dentro de dicho partido”, dijo la Jurisdicción.
La siguiente persona fue el presidente del grupo Aviatur, Jean Claude Bessudo. Quien el solicitante aseguró de los presuntos vínculos del empresario con las AUC, las cuales habrían surgido con ocasión de la operación del Parque Tayrona. “En el momento en que pueda esclarecer quiénes era las dos personas, solicitaré ampliación en la JEP y se los haré llegar”, indicó Luna. “En consecuencia, se le solicitará informar los nombres de estas personas y la manera como tuvo conocimiento de ello”, señaló por su parte la Jurisdicción.
Finalmente, otra de las personas señaladas fue el actual gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar. “(El parapolítico) aludió a una serie de acuerdos que se habrían fraguado entre Caicedo y las AUC, con el fin de permitir la elección de aquel como rector de la Universidad del Magdalena, así como para la comisión de crímenes en contra de estudiantes de esa universidad”, dijo Luna.
Sobre el primer caso, ya reposa una investigación en la Fiscalía. Por ello la JEP, le pidió a la entidad comentarles cuáles son las investigaciones y procesos que se adelantan en contra del gobernador de ese departamento. Además de que remitan copia digitalizada de las últimas decisiones de fondo proferidas dentro de cada expediente.
La Jurisdicción Especial para la Paz aclaró que Luna, alterno a responder las preguntas expuestas, también deberá aportar las pruebas que permitan a la Jurisdicción corroborar la veracidad de lo dicho.
