En los últimos días el parlamento de Tailandia aprobó la castración química como castigo para los criminales violadores de ese país. De acuerdo con el proyecto legislativo que fue aprobado, los delincuentes podrán elegir esta opción a cambio de una reducción de condena.
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145 senadores estuvieron a favor y dos se abstuvieron de votar el proyecto de ley en ese país, el cual ya fue sancionado y comenzará a regir.
Cabe mencionar que el departamento penitenciario de Tailandia expuso que entre 2013 y 2020 fueron liberados 16 mil 413 delincuentes sexuales, y que de estos 4.848 terminaron reincidiendo en este tipo de delito.
¿Qué es la castración química?
Según Sandra Mayerly Méndez Bejarano, investigadora de la Universidad del Bosque, en su investigación sobre castración química, este método en un tratamiento médico hormonal reversible aplicado para reducir las hormonas asociadas al deseo sexual.
Este ha sido utilizado para disminuir los niveles de testosterona, la libido y, por ende, la actividad sexual, y como resultado final, reducir las agresiones sexuales.
¿Se ha impulsado la castración química en Colombia?
Sí, varios intentos por impulsar esta medida como método de castigo para violadores se han gestado en el país. Uno de ellos fue el de la senadora del Partido de la U, Maritza Martínez, que propuso la castración química cuando se dio el terrible caso de la pequeña Yuliana Samboní, que sufrió abuso sexual y fue asesinada por Rafael Uribe Noguera.
De igual forma, se conoce que han habido intentos de establecer este método de condena a los violadores en Colombia mediante el órgano legislativo. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos ha prosperado aún en el país.
El proyecto de Ley que ha sido presentado por Martínez, quien saldrá del órgano legislativo con la llegada del próximo gobierno, exponía que el tratamiento al que se sometería el violador, sería ofrecido de manera gratuita por el Gobierno e iría acompañado de un tratamiento psicológico o psiquiátrico a quienes lo soliciten de manera voluntaria, luego de pagar su condena.
También se ha planteado la posibilidad de un tratamiento integral intramural y un seguimiento pospenitenciario para los agresores y violadores, con el fin de saber qué harán después de salir de prisión e identificar posibles reincidencias.
¿Qué dice la ciencia de la castración química?
Según la investigación “Castración química, última opción en pacientes pedófilos y pederastas, considerando su autonomía y dignidad” de la investigadora Méndez, la castración química tiene a su alrededor dilemas éticos, clínicos y sociales que se relacionan con la autonomía y dignidad del agresor sexual.
“Losel y Schmucker hicieron el meta-análisis más riguroso sobre reincidencia de violencia sexual y castración que se ha hecho hasta hoy, y encontraron que los delincuentes tratados presentaron un 37% menos de reincidencia. Sin embargo, incluyeron la castración química y física en un mismo grupo, por lo que su estudio no arroja luces sobre la efectividad comparativa de estos métodos. También encontraron que los tratamientos quirúrgicos y hormonales eran más eficaces que las intervenciones psicosociales”, cita la investigadora.
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“Debido a la ineficacia del sistema carcelario (en todos los delitos), frente a las agresiones sexuales, en Colombia se ha intentado materializar por medio de diferentes proyectos legislativos la castración química como medida adicional a la pena privativa de la libertad. Sin embargo, sus argumentos carecen de solidez jurídica y fáctica, por ello el intento de imposición de dicha medida por medio de diferentes proyectos de ley no responde a las necesidades que se derivan de dicha problemática, sino que responde a intereses personales, que legitiman el populismo punitivo en Colombia, e infundan una percepción falsa en la sociedad”, destaca la investigación de Riaño.
Lo cierto es que en Colombia este método aún no es aprobado y en el último periodo legislativo no ha vuelto a sonar en el Congreso un esfuerzo para que este castigo sea aplicado a violadores en el país, o por lo menos ofrecido a cambio de una reducción de pena. ¿Debería impulsarse y aplicarse en el país?