A pocas semanas para tomar posesión como presidente de Colombia, el Consejo de Estado admitió estudiar una demanda de pérdida de investidura contra Gustavo Petro, en calidad de senador, por supuesto ausentismo al Congreso. En la demanda señalan que desde 2018 el congresista y ahora mandatario electo se ausentó 17 veces de las plenarias, seis de estas en una misma legislatura. Muchas de estas, además, no están debidamente justificadas.
Según el recurso, el “28 de agosto de 2018, el señor Petro Urrego no asistió a la sesión plenaria programada para ese día, argumentando para ello, que padecía de una torticolis según se extrae de la excusa dada por el médico privado Jorge Barrios. La excusa no fue transcrita ni convalidada con la EPS Sanitas a la que pertenece el congresista demandado”.
En otro aparte se lee que para el 6 de noviembre de 2018 “el congresista demandado no asistió a la sesión plenaria de ese día, sin haber presentado excusa alguna”.
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Pero, ¿tiene algún efecto este proceso en caso de desarrollarse con éxito?, esto teniendo en cuenta que falta menos de un mes para que se termine el periodo legislativo y que resta poco más de un mes para su posesión.
El exconsejero de Estado, Marco Antonio Velilla, dijo a El Tiempo que “cuando una persona es elegida en el Congreso y en medio del proceso de pérdida de investidura termina su periodo en el legislativo, el proceso continua en el Consejo de Estado hasta una decisión de fondo y no pasa a ninguna otra instancia”.
Y agregó que “cualquier decisión del alto tribunal no tendría ninguna consecuencia en la situación de Petro como presidente electo o tras su posesión”.
Pese a esto, el caso está en manos del magistrado Alberto Montaña, quien definirá si Petro incurrió o no en una falla.
