Mauricio Toro es representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, politólogo de la Universidad Javeriana, especializado en innovación y desarrollo de negocios de la Universidad Externado, y Magíster en Administración de Empresas del ISEAD Business School, asociado a la Universidad Complutense de Madrid.
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El congresista ha vuelto a llamar la atención sobre un tema de conversación que el país olvida y recuerda cada año, por el mes del orgullo LGBTIQ+: los derechos de la población diversa y la eliminación de violencias en su contra. Hace pocos días Toro fue discriminado en el mismísimo “recinto de la democracia”, presentaron una recusación que pretendía impedirlo en su proyecto de ley en contra de las llamadas “terapias de conversión” a favor de la población, simplemente por hacer parte de ella.
“No es chistoso, duele. Duele para quienes hacemos parte de la población LGBTI y hemos sido sometidos a tortura, a discriminación, a asesinatos. Duele porque a nosotros nos han negado nuestros derechos constantemente. No estamos pidiendo más derechos que ustedes, pedimos los mismos, por los que hemos tenido que luchar durante años. Seguimos viviendo en un país que nos discrimina porque amamos como a muchos no les gusta. El amor no tiene fronteras, ni formas”, fueron las contundentes palabras que utilizó Toro para rechazar la recusación homofóbica, la cual fue impuesta por el activista cristiano Jonathan Silva y fue negada finalmente por la Comisión de Ética del Congreso.
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¿Quién es Mauricio Toro y cómo llegó a hacer parte de la Cámara de Representantes?
Mauricio Toro es un emprendedor apasionado por la innovación, una persona siempre llena de preguntas, muy amigable y familiar, pero sobre todo convencido del poder de la acción colectiva. Esa misma curiosidad de preguntarme por qué pasan las cosas me ha llevado a diferentes sectores: a la academia, al emprendimiento, al servicio público y hoy al Congreso.
Soy profundamente resiliente y siempre apasionado por tratar de llevar las ideas a diferentes sectores, con un eslogan muy bacano en campaña que decía “si los políticos no puede ser ciudadanos, nos tocó a los ciudadanos ser políticos”, y partía de esa pregunta: ¿para qué la política? Además, soy un hombre abierta y orgullosamente gay, defensor de los derechos de la igualdad y la diversidad.
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¿Cuál es el panorama que percibe actualmente en materia de derechos y eliminación de violencias en contra de la población LGBTIQ+ en Colombia?
Es completamente difícil. Seguimos viviendo en un país que no ha entendido la importancia de lograr una sociedad con igualdad de derechos y atenta contra la diversidad. Para no ir muy lejos, este gobierno no encabezó la política pública LGBTIQ+ que esperaba lograr que funcionarios públicos de todo el Estado, en talento humano, en salud, en el sector docente universitario y todo los colombianos pudieran saber cuáles son los derechos que tiene la población diversa, por qué hay que respetarlos y cómo lograr protegerlos de la discrimnación, del abuso, de la homofobia, de la negación constante de servicios en todo el Estado colombiano, en el sector salud, notarial, etc.
Cada vez vemos más violencia, mas líderes asesinados de la población LGBTIQ+, más casos de discriminación y agresividad. Yo fui víctima hace poco de uno en el Congreso de la República, si eso le pasa a una persona en la plena casa de la democracia, donde se discuten esos derechos de igualdad de diversidad, pues qué le puede esperar a una persona en un municipio alejado de este país, no puede ser cómo es simplemente por miedo, porque los matan, los violentan.
Colombia comparado con muchos países del mundo, y especialmente en América Latina, es líder. Pero ese liderazgo ha sido en papel, nos lo ha otorgado no el Congreso, sino la Corte Constitucional, por medio de activismo judicial, que han sido denuncias y demandas ciudadanas.
La falta de política pública LGBTI+, la falta de que el Congreso reglamente los derechos que la Corte no da, nos somete a que constantemente nos sean negados, a la revictimización, a que tengamos que estar demandando para lograr que se cumplan las sentencias de la Corte. Ante la incapacidad del Congreso de legislar para reglamentar y evitar interpretaciones que se están dando en el país, terminamos sin acceso a los derechos que la misma Corte nos ha dado.
El panorama es difícil, sobre todo en violencias para la población trans, solamente el hecho de ir a votar en las elecciones ya es un problema porque sufren de discriminación cuando no coincide la cédula con su identidad. Precisamente por eso tenemos que seguir peleando y luchando para que un día en Colombia la diversidad sea una realidad y la igualdad sea una costumbre.
¿Cuáles son las claves del proyecto de su autoría que busca prohibir en el país las llamadas ‘terapias de conversión’?
Lo primero, explicar qué son. Son todos aquellos esfuerzos que puede hacer una persona para tratar la identidad sexual u orientación de género de otra a punta de violencia física y psicológica, de tortura. Parten de que la homosexualidad “es una enfermedad que puede ser curada”. Resulta que esta es nuestra identidad, aquí no hay nada que curar, somos inconvertibles. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Americana de Psicología y Psiquiatría, es claramente entendido que no somos personas que puedan ser sometidas a curación.
Partiendo de la base, el proyecto de ley pretende que cualquier persona que haga esfuerzo de este tipo de torturas físicas: tortura, secuestro, violaciones, mutilaciones, baños de agua fría o electrochoques que pretendan cambiar la identidad de alguien es una violación a nuestros derechos humanos y eso tiene que ser penalizado y sancionado.
El proyecto busca poner un agravante para aquellas personas que secuestren, que torturen o discriminen a otra, esto no puede permitirse en Colombia. Cualquier persona que someta mediante esfuerzos de conversión a otra tendrá un agravante en los delitos de tortura, discriminación y hasta secuestro. Estos delitos ya existen, porque somos una población que requiere de una especial protección por ser una minoría constantemente atacada.
Ahora que la recusación homofóbica en su contra fue negada ¿cuál es el paso a seguir?
Lamentablemente esta recusación abiertamente homofóbica y discriminatoria, que pretendía silenciarme por mi orientación sexual, retrasó el debate del proyecto. Por fortuna toda la Comisión de Ética la rechazó y sentó un precedente de que nadie en Colombia podrá ser silenciado por su raza, género, orientación sexual. Como el proyecto de ley fue presentado tan cerca del fin de la legislatura, esta recusación retrasó y acortó los tiempos del proyecto. Se archivó por tiempos para no ser discutido. Lo vamos a volver a radicar con un grupo muy abierto de congresistas hacia agosto de este año.
¿Cuántos debates le restan al proyecto de ley que propuso en contra de estas terapias? ¿Cómo ve el panorama en general para su aprobación?
Al proyecto de ley le restan sus cuatro debates, esperamos que no demoren más de 14 o 15 meses. Yo le veo un ambiente positivo porque lo que logró esta recusación homofóbica de un grupo de cristianos fue poner en la agenda pública una realidad que la gente pensaba que no existía, que son las Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG). A raíz de eso hemos logrado sensibilizar no solamente al Congreso, sino al país y por esto hay solidaridad.
Muchos congresistas de diversos partidos, incluso hasta de la misma derecha, han dicho “cuenten con nosotros, porque esto es un tema de derechos humanos”. Trabajamos con un grupo no menor de 25 o 30 congresistas, entre Senado y Cámara, que pueden acompañar la firma, para continuar los debates y que sea una realidad la prohibición de las ECOSIG en Colombia, como ya lo han hecho 10 países en el mundo y como lo sugiere u ordena la Organización Mundial de la Salud, Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales. Además, como lo sugiere el presidente de los Estados Unidos por medio de una circular al Departamento de Estado. En este país se debe garantizar que se prohiban estos esfuerzos y cualquier país que reciba cooperación del Gobierno de Estados Unidos deberá ser conminado so pena de afectar las relaciones de cooperación, esto salió hace unos días, lo cual nos da más sustento para continuar.
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¿Qué otras acciones ha impulsado usted en el Congreso de la República a favor de los derechos de la población LGBTIQ+?
El primer logro fue que por primera vez en un Plan Nacional de Desarrollo se incluyera un capítulo destinado a la problemática de la población LGBTIQ+. Es decir, para plantear sus problemas y una soluciones que le ordenaba el Gobierno Nacional. Los partidos cristianos quisieron eliminar ese capítulo pero al final logramos derrotarlos y fijar ese capítulo en el PND.
Otro logro importante es que en la junta directiva del Departamento de Planeación Nacional se incluyera una silla en representación de la población diversa, que ya existía para negritudes, indígenas, raizales, pero no para población como la nuestra. Hoy tenemos esa silla.
En el código electoral logramos que los partidos deban garantizar, como con las negritudes, los indígenas, los jóvenes, las mujeres, los raizales y demás comunidades minoritarias del país, una silla en representación nuestra, para garantizar que no se presenten proyectos en contravía de nuestros derechos y se pueda impulsar una agenda para lograr la igualdad de derechos.
¿Cuáles son sus expectativas frente al posicionamiento de este nuevo gobierno en materia de derechos y eliminación de violencias contra las personas LGBTIQ+?
Yo veo con esperanza y con mucha fe lo que este gobierno puede hacer para garantizar la implementación de la política pública LGBTIQ+ que el gobierno de Iván Duque engavetó cuatro años pero que además le quitó el presupuesto, no le dejó absolutamente nada.
Esperamos que este Gobierno no solamente le pueda dar el presupuesto necesario para que el Ministerio del Interior la pueda implementar en todo el territorio nacional, sino que también tenga diálogos constantes con todos los públicos y de esa manera garantizar los derechos, la eliminación de violencias. Esperamos que pueda trabajar de la mano con las Fuerzas Armadas y la Fiscalía para garantizar el diagnóstico de asesinatos de la manera correcta, para la implementación de las medidas y eliminar todas las violencias, las que vengan por parte de la Policía, de los funcionarios estatales. Además, y sobre todo, esperamos que se logre que dentro del sistema educativo se pueda hablar de los derechos de la población diversa y avanzar en derechos y garantías.
