Durante los pasados 21, 22 y 23 de junio se desarrollaron las audiencias de reconocimiento del caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), espacios de gran importancia en la agenda nacional en la construcción de paz, pues los comparecientes de las Farc reconocen públicamente su responsabilidad en este crimen, que provoca el macrocaso de la Jurisdicción sobre toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes de la guerrilla.
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El espacio fue direccionado por la magistrada de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Julieta Lemaitre Ripoll, autora y líder del caso 01, la cual imputó por el crimen de secuestro a los 7 comparecientes de que estuvieron presentes en estas audiencias: Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
Los tres días estuvieron marcados por el profundo dolor que deja escuchar los testimonios de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, en específico de secuestro. Además, constantemente, las víctimas acreditadas pidieron que la verdad se reproduzca de la manera más completa posible y que los comparecientes muestren una voluntad real de reparación a las personas que sufrieron los vejámenes del conflicto.
Dentro de las observaciones destacadas que se desarrollaron el último día de la audiencia, 23 de junio, se encontró la solicitud del excombatiente Pablo Catatumbo de utilizar el recurso otorgado por el Acuerdo de Paz firmado en 2016, que facultaba a los entes encargados de la búsqueda de desaparecidos de solicitar ayuda de autoridades internacionales, como el FBI.
Esto teniendo en cuenta el caso del señor, Vladimiro Bayona, presente en la audiencia como víctima acreditada por la Jurisdicción, por la desaparición de su hijo Alexander Bayona Camacho, secuestrado junto con su compañero de estudios, Alberto González García, el 18 de maro del año 2000 en Palmira, Valle del Cauca. Ambos eran estudiantes de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional.
El señor Bayona declaró con voz entrecortada estar sentado en aquella silla dispuesta por la JEP para sellar el duelo por la desaparición de su hijo, que actualmente no ha podido ser hallado, a pesar de que su familia logró establecer que fue asesinado.
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De igual forma, el excomandante guerrillero, Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada, dijo que “vamos a agotar todo lo que sea posible para encontrar los restos (...). Nuestro compromiso no es porque lo digamos, eso lo va a testificar la historia. Tomamos una decisión de dejar las armas y avanzar a la paz”.
Las FARC reconocieron hoy que en la “política de secuestros” cometieron toda clase de vejámenes que incluyeron canjear un secuestrado enfermo por un familiar sano, exigir pagos de rescates por cuerpos de personas que murieron estando en cautiverio e incluso secuestrar niños y ancianos. A los secuestrados los sometían a largas marchas forzadas de noche, no les daban alimento, los encadenaban y por si fuera poco los presionaban psicológicamente para que no intentaran huir.
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Frente a las víctimas, los líderes del último secretariado de la extinta guerrilla de las FARC reconocieron también en este último día de audiencia la ocurrencia de abusos sexuales en concurso con los demás crímenes de guerra y lesa humanidad.
“Reconozco que a pesar de no haber sido una política y una práctica direccionada por el secretariado hubo hechos de violencia sexual en los secuestros realizados dentro de los ejercicios de control de territorio”, aseguró en una declaración leída el último comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como ‘Timochenko’.
A su turno de intervención, el excombatiente y hoy senador, Julián Gallo expresó que “los hombres y mujeres que van a la guerra no vuelven a ser los mismos (…). La guerra es la más inhumana de todas actividades del ser humano. Se fundamenta en un principio elemental: tratar de destruir el contrario”, además de concluir diciendo que “Colombia podrá avanzar a la paz si nosotros, los responsables, damos la cara”.
Como los testimonios de las decenas de víctimas que pasaron por la audiencia que escuchó sus testimonios, hay cientos de relatos recogidos por la JEP que investiga los secuestros cometidos por las FARC, una práctica que dejó miles de víctimas que, incluso hoy, no saben en dónde están sus seres queridos porque pese a que pagaron los rescates jamás regresaron a sus hogares.
La JEP concluyó que el secuestro de esta antigua guerrilla se dio bajo tres políticas: secuestro de civiles para financiar operaciones militares, cometieron secuestros para forzar el intercambio de guerrilleros presos. Además, esta instancia acoge a 3.111 víctimas que participan en este caso 01 de la Jurisdicción.
