Este viernes, durante la sesión plenaria mixta en el Congreso de la República, por solicitud del presidente del senado, Juan Diego Gómez Jiménez, el ministro de defensa, Diego Molano, por medio de la Resolución No. 197 del 2022, recibió también por parte de Gómez, la ‘Orden de Gran Cruz con placa de oro’, como “reconocimiento a los servicios prestados al país”.
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“Apreciado amigo, muchas gracias por esta condecoración (...) Asumo esta distinción también como un reconocimiento a los más de 400.000 hombres y mujeres de la fuerza pública. Son ellos los héroes de la patria”, dijo Molano durante su discurso.
Minutos después, durante la transmisión en vivo, la senadora por el partido Centro Democrático, Paola Holguín, por medio de la Resolución No. 45 de 2021, condecoró con la ‘Orden al Mérito de la Democracia en el grado de Gran Caballero’, al Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD. Y quien lo recibió fue el coronel Henry Roger de Castro Santander.
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“A través suyo mi coronel, queremos hacer extensivo un mensaje a la familia de los 11 (uniformados) que han perdido la vida (...) A ustedes los han formado en derechos humanos”, dijo emocionada Holguín, sin mencionar, durante su discurso, a las víctimas mortales, oculares o de abuso sexual, por parte de esta institución.
Las cifras y el testimonio de una de las víctimas por parte del ESMAD
El 28 de abril de este año, se conmemoró el aniversario de unos de los estallidos sociales más grandes que vivió el país. Sin embargo, y a pesar de las masivas protestas que se vivieron en diferentes ciudades, sobre todo en la ciudad de Cali, la violencia policial hizo parte del día a día.
Cuenta de ello, fue el llamado al gobierno nacional que realizó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “a cambiar su manera de lidiar con las protestas de la población para evitar más muertes y lesiones de quienes ejercen su libertad de expresión, participación y asamblea”.
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Pues según datos recopilados por la ONU, entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021, recibieron denuncias de 63 personas muertas durante las movilizaciones, de las cuáles el 76% de ellas se debieron a heridas de bala.
La Organización verificó 46 fallecidos (dos policías) donde al menos 28 de estas fueron por obra de agentes de la policía y 10 de ellas serían responsabilidad de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional- ESMAD.
Por estos hechos, la Fiscalía ha abierto investigaciones a varios uniformados, como el patrullero Wilson Orlando Esparragoza Corcho, el teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzaliaz y el coronel Édgar Vega Gómez, en las cuales se les halla responsables por el homicidio de jóvenes en la ciudad de Cali, dónde solo allí, murieron más de 80 personas durante las manifestaciones.
Por su parte, ONG Temblores, recopiló a través de su plataforma GRITA, 5.048 denuncias, de las cuales 80 casos corresponden a violencia homicida, 47 a violencia sexual, 1.991 a violencia física, 66 casos de montajes judiciales y más.
Una de las víctimas que dejó el abuso policial, fue la estudiante, Leidy Natalia, quien denunció haber perdido su vista en uno de sus ojos, producto de un impacto directo con un arma que fue accionada por un agente del ESMAD. “Hoy se cumple un año, desde que perdí la vista a manos de la violencia policial en Colombia; no hay justicia ni reparación, contrario a eso tuve que salir del país por amenazas. Como me dueles Colombia”.
Algunas de las denuncias que enfrenta el ministro de defensa, Diego Molano
En marzo del 2021, cuando se reportó un bombardeo en Guaviare por parte del Ejército Nacional, contra ‘Gentil Duarte’, excabecilla de las disidencias de las FARC, en el que murieron por lo menos 12 menores de edad, Molano aceptó que sabía que durante la operación habían niños.
“Esas no son víctimas. Nosotros sabíamos que allí había estructuras que participaban del hostigamiento y que eran jóvenes. Aquí están haciendo una afirmación que había 12 niños. Aquí lo que había era máquinas de guerra planeando acciones terroristas”.
El más reciente hecho fue un operativo militar el pasado 29 de marzo de 2022, donde Molano aseguró que habían dado de baja a once supuestos disidentes de las FARC y la captura de 4 criminales más en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo.
Sin embargo, días después se conocieron pronunciamientos por parte de organizaciones sociales que desmienten lo sucedido y califican el hecho como una ejecución extrajudicial o mal llamados falsos positivos. Pues quienes fueron asesinados, aseguran- además de sus familiares-que no hacían parte de este grupo armado ilegal, si no que eran habitantes reconocidos en la zona y además, al momento de los hechos, se encontraban departiendo en un bazar que la comunidad había organizado para recaudar fondos.
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Dentro de las personas fallecidas se encontraba el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Remanso, Didier Hernández Rojas; su esposa, Ana María Sarria Becerra; el menor de 16 años, Brayan Santiago Pama; el gobernador del cabildo Kichwa, Pablo Panduro; Oscar Olivo Yela y dos personas más conocidas como Pequeño y Cuellar.
