En lo corrido de este año, se han registrado múltiples denunciadas presentadas por familiares o los mismos menores que fueron víctimas de abuso sexual, a quienes señalan como responsables: docentes o hasta compañeros de clase. Este delito se estaría presentando al interior de las instalaciones educativas de carácter público y privado.
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Cuenta de ello, según datos de la Fiscalía General, en Bogotá entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2022 se han denunciado 45 casos relacionados con delitos sexuales, de los cuales 31 habrían ocurrido en colegios distritales.
Las localidades más afectadas son: Suba (16), Engativá (4), Tunjuelito (3), Bosa (3), Fontibón (3), Los Mártires (3), Teusaquillo (2), Santa Fe (2), Kennedy (2), Usaquén, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Candelaria, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Puente Aranda (1).
El ente acusador aseguró a finales de marzo, resolver judicialmente los 163 procesos disciplinarios abiertos contra ese número de docentes, en un plazo máximo de 30 días. Dos meses después, el fiscal general Francisco Barbosa, indicó que solo el 7 % de los hechos presentados por la Alcaldía, se encuentran en etapa de juicio con 12 docentes vinculados al proceso. 11% en investigación con 18 imputados. Y un capturado.
Ahora, en el mes de junio, el distrito entregó nuevos datos frente a los delitos de violencia sexual en colegios públicos de Bogotá. La secretaria de educación, Edna Bonilla, señaló que con corte al 31 de mayo de 2022, han registrado 24.253 alertas. Es decir, un reporte de eventos de presunta vulneración de los derechos de los niños y jóvenes al interior de colegios o fuera de estos.
Esta cifra es un agravante, pues a comparación del 2021 y 2020, en la totalidad del año consignaron 13.709 y 16.860 alertas respectivamente, en el sistema.
Frente a las tipologías de alertas que se dividen desde maternidades tempranas, trastornos del aprendizaje y del comportamiento, consumos de sustancias psicoactivas, conducta suicida, accidentalidad y abuso sexual, este último es el segundo con mayor número de casos: 6.907 (28,5 %).
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“Abuso y violencia sexual la tenemos alta. Esto puede ser porque el reporte efectivamente está aumentando. Nos hemos enterado de casos de violencia sexual del año anterior en el que el niño o la niña no tuvo la oportunidad de expresar que estaba viviendo esa situación y entonces lo estamos reportando hoy”, afirmó Bonilla.
Si miramos más a fondo, según el sistema de alertas tempranas del distrito, con corte al 31 de mayo de este año, marzo fue el mes con más reportes de este delito (856), seguido de abril (627) y mayo, con 830 casos. Del total mencionado anteriormente (6.907), el 71, 3 % de las víctimas son mujeres.
Frente a los presuntos responsables, el 61,4 % corresponden a miembros o cercanos a la familia. Y el 38, 4 % habrían sido compañeros y/o docentes (el 0,18 % personal administrativo).
“La secretaría de la mujer tiene abogadas 24 horas en 10 hospitales de la ciudad para acercarle a la víctima la justicia. Que salga ya del hospital con la denuncia puesta. Y si es el caso contactar al ICBF o a otras entidades, lo hacemos nosotras para no ponerle la carga a la víctima de tener que ir a un sitio y otro”, indicó Diana Rodríguez, secretaria Distrital de la Mujer.
Por este preocupante panorama, la Alcaldía de Bogotá lanzó este lunes la campaña “¡Pilas ahí!”, con la cual pretende concientizar y sensibilizar a niños y jóvenes entre los 9 y 17 años sobre las conductas que en ocasiones son normalizadas, pero que constituyen violencia sexual.
“Si te piden enviar fotos privadas a cambio de obtener un beneficio o modificar una nota, ¡pilas ahí! Eso es violencia sexual”. “Si alguien te toca o roza sin tu consentimiento y te genera incomodidad, ¡pilas ahí! Eso es violencia sexual”.
Con estas y otras situaciones, aparte de brindarles herramientas para que puedan identificarlas, les dan a conocer los canales de denuncia dispuestos para recibir atención y acompañamiento.
“Muchas de nuestras niñas y adolescentes les da miedo denunciar por el hecho de que quizá vayan a ser juzgados, que no les crean. Y desde una estrategia como esta enseña que nosotros tenemos voz. La violencia pasa y es real, la violencia no es un chisme”, aseguró Nicole Forero, estudiante del programa simonu.
Por el momento, el distrito indicó que aquellos docentes o funcionarios que son investigados por este delito, en los que las víctimas son estudiantes, la Secretaría de Educación “los aparta del trabajo en el aula durante el tiempo que corresponda. Y para los casos en los que el ente disciplinario de la entidad encuentre mérito, se aplicarán suspensiones provisionales”.
Sin embargo, Viviana Bohórquez, abogada feminista experta en derechos humanos, sexuales y reproductivos, le explicó al medio 070 que cuando esto ocurre y mientras no haya una condena, no pueden despedirlo, ni cancelar su contrato. “Si no hay pruebas, y nunca hay pruebas, va a durar dos años suspendido, recibiendo un salario y esperando a que la Fiscalía haga algo”.
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Líneas de atención por violencias basadas en género
155: Orientación nacional a mujeres
141: ICBF
018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura
314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer
123: línea de emergencia
122: Fiscalía
