Este miércoles, 8 de junio, la Corte Constitucional conminó a la Presidencia para que le garantice a los derechos fundamentales de la comunidad raizal en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, después de los daños causados por el huracán Iota.
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Asimismo, las medidas provisionales tienen el propósito de proteger de la integridad cultural, la vivienda digna y la salubridad de los raizales mientras se toma una decisión de fondo.
“El pasado 2 de junio, la Sala de Revisión de Tutelas del Alto Tribunal, integrada por los magistrados José Fernando Reyes, Natalia Ángel Cabo y Cristina Pardo Schlesinger, emitió un Auto en el marco de un proceso de tutela interpuesta por la comunidad raizal, con el apoyo del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario y algunas organizaciones de la sociedad civil. En este ordenó adoptar medidas provisionales en el marco del proceso de tutela interpuesto por Josefina Huffington Archbold contra la Presidencia de la República y otros, para garantizar los derechos fundamentales de la comunidad raizal luego del paso de Iota”, indicó la Universidad del Rosario a través de un comunicado.
El Auto indica que el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (UNGRD) debe identificar cada una de las viviendas del Archipiélago que presentan problemas de vertimiento en el ambiente de las aguas negras domésticas y que en un plazo no mayor a 20 días, se realicen las adecuaciones necesarias en las viviendas, garantizando un sistema de saneamiento básico funcional así como también una protección eficiente y efectiva al medio ambiente, explicó María Lucía Torres, directora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario.
Además, la UNGRD deberá enviar la información completa y detallada sobre los avances en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el paso del huracán, así como también los avances en la reconstrucción de hoteles, restaurantes, establecimientos de comercio, infraestructura de acueducto y alcantarillado y el hospital.
Según indica el comunicado, a la fecha no se cuenta con cifras contundentes y cronogramas públicos que permitan a la comunidad raizal conocer con exactitud el proceso de reconstrucción del Archipiélago y hacer veeduría al mismo.
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“El pronunciamiento de la Corte Constitucional no solamente expresa un contenido acertado y coherente a luz de los derechos fundamentales y necesidades de la comunidad raizal, sino que nuevamente demostró que la Corte es la única entidad estatal que ha protegido a esta comunidad durante la presente crisis que viven a diario”, aseguró María Lucía Torres, directora del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario.
