El despacho de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, determinó este viernes 3 de junio que el máximo comandante de las extintas Farc-EP y presidente del partido COMUNES, Rodrigo Londoño, no puede salir del país, ante una solicitud radicada por su apoderado el 27 de mayo de 2022.
El objetivo de su permiso era con el fin de participar en la “Conferencia Impacto en Reconciliación y Construcción de Paz en Inglaterra”, que se llevará a cabo entre el 11 y el 17 de junio de 2022 en la ciudad de Londres.
En su comunicación, indican que anexó y radicó los documentos en el tiempo requerido: “contiene todos los elementos formalmente exigidos por la Resolución 011 de 2018. El peticionario aporta copia de su pasaporte, de la invitación de la Universidad de Winchester, firmada por el Director del Centre de Religión, Reconciliación y Paz y uno de sus Investigadores Senior asociados de las reservas de tiquetes aéreos coherentes con los días en que tendrá lugar el evento”.
Asimismo que aportaba datos de contacto (dirección y teléfono) en la ciudad de destino y correo electrónico de un contacto en el lugar; además de expresar su compromiso de presentarse personalmente ante la JEP “el día hábil siguiente a mi regreso”.
Sin embargo, su solicitud fue negada pues afectaría su compromiso con los derechos de las víctimas en particular. “Debe permanecer en territorio nacional dispuesto a colaborar de manera personal y directa con el despacho relator del Caso 01 (Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por parte de las FARC-EP) y con las víctimas que así lo soliciten”.
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Audiencia que fue reprogramada por la Sala para realizarse el 21, 22 y 23 de junio de 2022, advirtiendo así que mientras esta fecha llega, “se mantiene la realización de talleres, encuentros privados para la restauración y demás eventos citados en el marco del proceso de reconocimiento”.
Ante el incumplimiento injustificado de esta obligación, la entidad aseguró que Londoño podría verse implicado en una infracción al régimen de condicionalidad.
