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La SIP condena la “campaña de hostigamiento” de la Alcaldía de Medellín contra El Colombiano

La SIP se pronunció sobre la tensa relación que existe entre la administración local y El Colombiano

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se notifica de su suspensión en la Procuraduría General de la Nación en Bogotá Foto: Juan Pablo Pino - Publimetro

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este jueves, 2 de junio, la “campaña de estigmatización y hostigamiento” de la Alcaldía de Medellín contra El Colombiano e instó a sus funcionarios a suspender esa práctica peligrosa que podría desencadenar “actos de violencia física”.

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El Colombiano denunció que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y algunos de sus funcionarios menoscaban la credibilidad del periódico, al que calificaron como “pasquín”, y hostigan y estigmatizan en redes sociales a su directora, Luz María Sierra, en represalia por investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades, nepotismo y actos de corrupción.

Además, la Alcaldía “obstaculiza, demora o no responde pedidos de acceso a información”, recogió la SIP, con sede en Miami, Florida. Según el medio, desde su llegada a la Alcaldía en 2020, Quintero mantiene una actitud de alejamiento respecto de los medios de comunicación, en especial con El Colombiano y sus periodistas.

Quintero fue suspendido de su cargo el pasado 10 de mayo por expresar en un video su respaldo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro.

La Procuraduría General lo acusa de infringir la ley que prohíbe a los funcionarios públicos participar en la política electoral.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, instó al alcalde y a su equipo de trabajo a “cesar el hostigamiento” contra El Colombiano y expresó su “preocupación por la continua estigmatización y el descrédito proveniente de la Alcaldía”, unas acciones, dijo, que pueden “incentivar la violencia y amenazas”.

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Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, recordó que en una democracia los periodistas y medios cumplen una función fiscalizadora de la administración pública, muchas veces sujeta a tensiones naturales, pero esto “no justifica campañas de descrédito desde el poder”.

Canahuati y Jornet subrayaron, además, que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.

La semana pasada, funcionarios de la Alcaldía arremetieron en contra de la directora del diario por cuestionar un viaje del alcalde y otras nueve personas a Washington, DC, para denunciar su suspensión ante la CIDH.

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