Hace más de tres meses en Colombia la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Esto lo hizo gracias a la histórica sentencia C-055 de 2022 con la que el alto tribunal puso al país a la vanguardia de los derechos de las mujeres.
Ahora que se cumplen los primeros 100 días de la decisión, Profamilia, organización líder en la defensa y garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Colombia, realizó un análisis de los puntos positivos y negativos de la sentencia, así como hizo algunas recomendaciones.
Según Profamilia, aunque el 93.3% de los abortos que se han realizado desde el fallo han sido en los tres primeros meses de gestación, la desinformación, las dilaciones en los tiempos de atención, el estigma y las dificultades para acceder a centros médicos por razones socioeconómicas, siguen siendo barreras que enfrentan las mujeres y personas gestantes al solicitar el procedimiento.
La implementación de la Sentencia supone muchos retos para Colombia; de hecho, en países con regulaciones similares como Argentina y Uruguay aún se presentan barreras de acceso sujetas al estigma que recae sobre un servicio de salud como el aborto. Por lo tanto, Profamilia comparte un análisis y recomendaciones sobre lo que ha sucedido en el país durante estos primeros 3 meses de implementación.
También le puede interesar: “El gran reto es que esta sentencia (la del aborto) sea una realidad para los cuerpos de las mujeres”
Lo positivo de la sentencia que despenalizó el aborto
· Colombia cuenta con el marco jurídico más amplio de América Latina y el Caribe para la garantía del aborto como un derecho y servicio de salud.
· Varias EPS, en distintas zonas del país, están exigiendo con rigurosidad a sus IPS que se garantice el cumplimiento del plazo razonable establecido por la Corte Constitucional de los 5 días calendario para atender una solicitud de aborto.
· Las usuarias que se acercan a las clínicas de Profamilia se muestran mucho más seguras para exigir la garantía del derecho al aborto que les asiste gracias a la Sentencia C-055 de 2022.
· Se percibe un incremento de organizaciones que difunden información sobre la Sentencia, hacen veeduría y acompañan a las mujeres en sus solicitudes ante el Sistema de Salud.
· En el país todas las voces coinciden en que se deben implementar programas de Educación Integral en Sexualidad, con énfasis en acceso a anticonceptivos, y en que es prioritario desarrollar estrategias para disminuir el embarazo no deseado, especialmente en menores de 14 años.
Lo negativo de la sentencia C-055 de 2022
· La población más vulnerable sigue siendo la más afectada con las barreras de acceso. Las personas no afiliadas al Sistema de Salud, como migrantes en situación irregular o nacionales en situación de pobreza, se enfrentan con la negativa de las instituciones y hospitales públicos que deciden impedir el procedimiento, a pesar de que el aborto es considerado como un servicio de urgencia que se debe garantizar a toda persona que lo solicite, sin importar si está o no afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud.
· Las limitaciones en la disponibilidad de los servicios de aborto en todos los departamentos y municipios del país hacen que las mujeres requieran traslado a otras ciudades para ser atendidas; sin embargo, algunas EPS no cubren los viáticos o tienen retrasos en la atención, lo que impacta en los tiempos para realizar el procedimiento y el aumento en las edades gestacionales.
También le puede interesar: ¡Histórica decisión! Así celebraron las mujeres la despenalización del aborto en Colombia
· A pesar de que el aborto es un servicio cubierto en el Plan de Beneficios en Salud, aún se presentan casos en los que las empresas aseguradoras le cobran a las usuarias una cuota moderadora o copago que no debería darse.
· Hay profesionales de salud que siguen exigiendo la aplicación de una causal para aprobar un aborto en pacientes que tienen menos de 24 semanas de gestación.
· La desinformación continúa y el castigo social también, lo que expone a las mujeres y personas gestantes a situaciones de maltrato y señalamientos.
Recomendaciones
· Combatir la desinformación para que todas las mujeres y personas gestantes puedan hacer uso de su derecho, lo más pronto posible.
· Fortalecer y ampliar el conocimiento de la Sentencia C-055 de 2022 en todos los funcionarios del Sistema de Salud involucrados en la ruta de atención de aborto, incluyendo el personal administrativo.
· Asegurar que los hospitales públicos cuenten con capacitación permanente del personal de salud, de manera que siempre hayan profesionales formados para suplir y atender la demanda de servicios de aborto.
· Aumentar la disponibilidad de servicios de aborto en todo el país por parte de las EPS y generar los convenios o acuerdos necesarios que permitan garantizar la prestación del servicio, fortaleciendo las rutas de referencia y contrareferencia.
· Promover que las entidades territoriales, como entes rectores del Sistema de Salud en sus jurisdicciones, asuman un rol más activo en el uso de sus facultades de inspección y vigilancia sobre los distintos actores del sistema, para asegurar que se está cumpliendo la sentencia C-055 de 2022.
· Invitar a las instituciones de salud que tienen un carácter confesional a que asuman la obligación de garantizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional y las normas que regulan la prestación de los servicios de aborto, pues no existe la objeción de conciencia institucional.
· Continuar fortaleciendo los programas de salud sexual y reproductiva, con énfasis en la promoción y prevención del embarazo no deseado, tanto en el régimen subsidiado como contributivo.
· Retomar la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, la cual cuenta con un enfoque diferencial y territorial, así como el plan para operativizar los servicios de salud sexual y reproductiva en todo el país, incluido el aborto.
· Impulsar al Ministerio de Educación a que lidere la implementación de programas de Educación Integral en Sexualidad en todo el país, con el apoyo de los padres de familia, tutores, profesores, instituciones públicas y privadas, y sociedad civil.
