Debido a las constantes referencias que el mandatario ha hecho sobre varios candidatos presidenciales y sobre la jornada electoral que se avecina, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pidió al presidente Duque mesura por opiniones sobre elecciones, recordándole que es un funcionario público.
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“Iván Duque Márquez, en su calidad de presidente de la República y servidor público, tiene restricciones en su prerrogativa de comunicar sus opiniones respecto de las calidades de quien podría ser su sucesor, pues como ya se indicó, es el primer líder y magistrado de la nación”, indicó el Tribunal.
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Sin embargo, el llamado de atención no implicó una prohibición para opinar sobre el proceso electoral. Y es que justamente este pronunciamiento se dio ante la negación de una acción popular que buscaba ordenarle al presidente no opinar sobre los candidatos presidenciales. Así lo solicitó Camilo Enciso, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, que pidió medidas cautelares en relación a la protección de derechos colectivos; obligando a que cesen las conductas ‘dañinas’ que pueden ocasionar un “daño inminente”.
“El señor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia, está usando sus presentaciones públicas para intervenir en el proceso electoral para elegir el próximo presidente. Su conducta afecta de manera grave los derechos políticos de todos los ciudadanos y viola las prohibiciones expresas establecidas por el legislador en el artículo 30 de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales. Sus acciones atentan contra la moralidad administrativa y las instituciones democráticas del país”, se lee en el recurso.
Pero el alto Tribunal, en su respuesta, indicó que no se puede inferir que el mandatario esté favoreciendo a un candidato en específico o a una campaña política. Por lo que, consideran, el presidente no está rompiendo con la imparcialidad que debe tener el jefe de estado.
