Juan Camilo Restrepo Gómez, el alto comisionado para la Paz del gobierno de Duque, es ahora también alcalde encargado de Medellín tras la suspensión de Daniel Quintero, pero este nombramiento le ha traído más de un problema al presidente por varios puntos.
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Lo primero que han criticado los colombianos es que se hiciera un nombramiento tan rápido para la capital de Antioquia, como si la intención de fondo fuera sacar al alcalde Quintero, quien ha demostrado su afinidad política con el candidato de izquierda Gustavo Petro. De hecho, algunos ciudadanos recuerdan que el departamento de Chocó lleva meses esperando un gobernador encargado.
Otros aseguran que es inconstitucional el nombramiento de Restrepo Gómez porque va en contra de una ley que especifica el proceso a seguir en casos de destitución y suspensión de funcionarios públicos elegidos popularmente.
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Se trata del Artículo 106 de la Ley 136 de 1994, en la que se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. En este artículo hablan del procedimiento en casos de falta absoluta o suspensión.
Según la norma, para estos casos se debe designar un alcalde sustituto del mismo movimiento y filiación política del titular, que debe salir de una terna que presente el mismo movimiento.
Textualmente dice: “Si la falta fue temporal, excepto la suspensión, el alcalde encargará de sus funciones a uno de los secretarios o quien haga sus veces. Si no pudiere hacerlo, el Secretario de Gobierno o único del lugar asumirá las funciones mientras el titular se reintegra o encarga a uno de sus secretarios. El alcalde designado o encargado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del Alcalde elegido por voto popular y quedará sujeto a la ley estatutaria del voto programático”.
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Ese mismo día, Duque informó: “Según la decisión de la Procuraduría General de la Nación, de suspender al alcalde del Distrito de Medellín, la cual ya nos fue comunicada, hemos encargado como alcalde a Juan Camilo Restrepo Gómez, Alto Comisionado para la Paz, durante el periodo que corresponda”.
Pero en redes sociales más de uno ha asegurado que el hecho sería inconstitucional. Pese a esto, no se ha presentado ningún pronunciamiento de parte de los entes de control.
