Este miércoles, la Personería de Bogotá entregó un reporte sobre la situación de líderes sociales, así cómo defensores de derechos humanos en la capital, que son objeto de amenazas e intimidaciones que no solo ponen en riesgo su vida, sino sus procesos comunitarios.
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La entidad indicó que en lo corrido de este año, han recibido 39 denuncias por estos hechos. De esta totalidad, 11 fueron proferidas contra mujeres y 28 contra hombres.
Las localidades donde principalmente se han denunciado este tipo de casos son: Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe, Bosa y Engativá.
En 2021, la Personería conoció de 129 casos de amenazas, de las cuales 52 fueron declaradas contra mujeres. Es decir, que cada 3 días un líder o lideresa, defensor o defensora de derechos humanos en Bogotá está recibiendo una amenaza.
“Nosotros en estos escenarios lo que hacemos es la remisión respectiva a las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de los líderes: la Unidad Nacional de Protección-UNP, Secretaría de Gobierno y en algunos casos a la Fiscalía y Policía para que investigue estos móviles”, señaló el personero Julián Pinilla Malagón.
Sobre los presuntos autores que han realizado estos amedrentamientos, el personero indicó que son organizaciones al margen de la ley: Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia- AGC (10%). Águilas Negras y su Bloque Capital (13%), al igual que las disidencias de las Farc (5%) y el ELN (5%).
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“Hacemos un llamado de urgencia a las autoridades nacionales y distritales para que protejan la vida de manera prioritaria a estos ciudadanos por las múltiples amenazas de las que han sido víctimas en los últimos meses, y así puedan seguir ejerciendo su labor social, que es esencial para la democracia y la garantía de los derechos humanos en el territorio”, aseguró Pinilla Malagón.
¿Qué implicaciones hay cuándo amenazan a los liderazgos sociales?
La Unidad Nacional de Protección es la entidad que por mandato legal debe velar por la protección de los líderes y lideresas para que puedan continuar con su trabajo, asignándoles las medidas de seguridad que considere necesarias para garantizar el derecho a la vida de las personas que resulten amenazadas.
Según datos de la organización, el año pasado tenía 7.600 protegidos, de los cuales, el 49% eran líderes y lideresas sociales de distintas partes del país.
Henry Gómez, líder sindicalista y de víctimas de Usme, en entrevista con el medio 070, aseguró que “las amenazas desestructuran los tejidos sociales que venían haciendo cambios. Cuando se amenaza a un líder, ese tejido se pierde, porque el amenazado o amenazada tiene que irse”.
Por otro lado, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-439/20, recalcó que el estado debe proteger la vida y la seguridad personal de los liderazgos sociales. Esto, ante una acción de tutela presentada por el líder de las comunidades negras del Cauca, Henry Torres Torres contra la UNP, ante el retiro de forma gradual de las medidas de seguridad que le fueron asignadas.
“Resulta evidente que la creciente victimización de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales es una tragedia con profundas repercusiones sobre el conjunto de la sociedad y compromete, incluso, la vigencia del Estado social y democrático de derecho. De ahí que la protección a estas personas represente un imperativo ineludible del Estado colombiano”.
