Este viernes 29 de abril, se conoció que el Consejo de Estado suspendió de manera temporal la extradición a Estados Unidos de alias ‘Otoniel’, máximo jefe del Clan del Golfo, luego de una solicitud que hicieron doce víctimas del conflicto armado a través de una acción de tutela en la que piden que Dairo Antonio Úsuga entregue la verdad sobre todo lo ocurrido durante varios años de guerra.
Además de ordenar la suspensión del procedimiento, el Consejo les dio a las entidades entuteladas dos días para enviar la documentación requerida para analizar el pleito jurídico.
El 6 de abril de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dio el aval a su extradición para que responda por cargos relacionados con narcotráfico.
Según las autoridades, Otoniel se había enriquecido ilícitamente con más de 20 mil millones de pesos producto del narcotráfico y otras acciones ilegales. Además es señalado de comandar cerca de 3 mil integrantes del Clan del Golfo en 10 departamentos de Colombia.
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El ministro de defensa, Diego Molano, durante su presencia en un consejo de seguridad en Arauca, se pronunció sobre la decisión del Consejo de Estado.
“Será el Estado el que finalmente surta los procedimientos legales al respecto y por supuesto su objetivo es que se extradite y pague por esas responsabilidades internacionales, y bajo esa medida se interpondrán las acciones judiciales necesarias para que siga adelante la extradición”.
Molano también indicó que ‘Otoniel’ aún estando extraditado en Estados Unidos, puede continuar diciendo la verdad a las víctimas.
Para Hernán Ramírez, representante de la mesa de víctimas en Medellín, su extradición representaría que no sepan qué pasó con las personas víctimas de extorsiones, falsos positivos, homicidios, desplazamientos forzados y demás atrocidades que al parecer dirigió.
“Otoniel cometió cantidad de delitos y lo cometido en Colombia queda en un segundo plano en relación a los intereses de los Estados Unidos con relación a los delitos de tráfico de drogas”.
Dairo Antonio Úsuga tiene 122 órdenes de captura y seis sentencias condenatorias en Colombia. Entre estas dos de 40 y 50 años de prisión, por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores.
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