Este jueves 28 de abril mientras transcurrían las manifestaciones en distintos puntos de Bogotá, en conmemoración al aniversario de uno de los estallidos sociales más grandes del país, María Elizabeth Giulianelli, estudiante estadounidense de Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes, fue detenida por agentes del ESMAD.
Docentes de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, ha acompañado el caso de Giulianelli y denunciaron en horas de la tarde de este sábado, que la estudiante aún permanecía privada de su libertad.
“A pesar de que la Fiscal 322 Seccional no encontró mérito para realizar ninguna formulación de imputación y que no ordenó su traslado a Migración Colombia, Ma. Elizabeth fue trasladada por la Policía Judicial a Migración Colombia. Desde entonces siempre ha estado bajo la custodia de la Policía. La detención ha excedido las 36 horas permitidas por la norma”.
Frente a esto, indicaron que fue admitido un habeus corpus que presentaron, por al parecer esta irregularidad. Casi cinco horas después, informaron que Giulianelli fue puesta en libertad y se reunió con su familia. “Desde la Clínica seguiremos acompañando el procedimiento administrativo sancionatorio que se inició”.
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El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, había señalado que: “de no encontrar nada extraño, la joven solo sería deportada por protagonizar actos violentos en Colombia”. Frente a esto, la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, indicaron que la sentencia SU-367/21 de la Corte Constitucional determinó que con la debida motivación del acto sancionatorio “(...) se evita que se confunda la facultad discrecional en materia migratoria, con la arbitrariedad y capricho del funcionario.”
“Desde el 2019, la Clínica ha acompañado casos en donde se han evidenciado violaciones al derecho al debido proceso en expulsiones y hacemos un llamado a Migración Colombia para que cumpla con las ordenes emitidas por la Corte Constitucional en su sentencia SU-397/21″, enfatizaron.
La Policía informó que durante esa jornada de protestas, en total capturaron a 47 personas, 23 de ellas por orden judicial y 13 que se hicieron efectivas en flagrancia. Las capturas se realizaron en Bogotá, Medellín y Popayán.
Según ONG Temblores, entre el 28 de abril y el 20 de julio de 2021, registraron 5.340 casos de violencia policial, de los cuales se encuentran 66 casos de montajes judiciales relacionados con la protesta social.
“Nos preocupan los montajes judiciales que hemos registrado especialmente después del Paro Nacional. Pudimos documentar que algunas de estas retenciones estuvieron acompañadas de allanamientos y de prácticas irregulares como el traslado de personas en vehículos particulares, la negación de comunicación con abogadxs y familiares, intimidación y destrucción de teléfonos”, aseguró en su informe este organismo.
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