En la declaración de Iván Duque tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda de Nicaragua contra Colombia, el mandatario resaltó que el país no dejará de ejercer soberanía sobre las islas caribeñas y sus aguas. También aseguró que en lo que resta de su gobierno seguirá defendiendo a la población raizal y sus actividades.
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La CIJ emitió en la madrugada de este jueves el fallo relacionado con la demanda que presentó Nicaragua contra Colombia el 26 de noviembre de 2013, en la cual ese país solicitó a la Corte declarar que nuestro país habría violado ciertos “derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe”.
Entonces Duque recordó que la posición de Colombia había sido clara en afirmar que, “como lo establece la Constitución y lo ratificó la Corte Constitucional en 2014, los límites de nuestra Nación solo se pueden modificar mediante un tratado ratificado por el Congreso de la República”.
“Es razonable que los límites preexistentes de un país que determinan un eje axial del Estado sólo puedan ser modificados por medio de un tratado. Mi gobierno, como era lógico, mantuvo esa posición del Estado colombiano”, indicó.
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Y agregó que en todo este tiempo se defendió la presencia de Colombia en el Mar Caribe y contrademandó a Nicaragua. “Nuestro país no podía dejar de comparecer ante la Corte Internacional de Justicia, pues ello hubiese implicado exponer a Colombia a que la Corte solamente atendiera las pretensiones de Nicaragua”.
Para Duque y los cuatro gobiernos antes de él “las pretensiones iniciales de Nicaragua han sido exorbitantes”. Esto, debido a que el país centroamericano “pretendió que se declarara que las islas del Archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no pertenecían a Colombia. De igual manera, pretendió que se declarara que el tratado Esguerra-Bárcenas era inválido”.
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El presidente también explicó que el fallo, de hecho, no es negativo para Colombia y que, por el contrario, convalida su defensa.
“En primer lugar, la Armada Nacional podrá continuar haciendo presencia y ejercer el derecho a la libre navegación y sobrevuelo en el área. Esto es algo fundamental. En ningún caso la presencia de la Armada es amenaza del uso de la fuerza, como lo pretendió Nicaragua desde el inicio del proceso. Dicha petición fue rechazada en el fallo de excepciones preliminares que se presentó el 17 de marzo de 2016″.
“La Corte reconoció el derecho de Colombia a navegar libremente en el área para luchar contra los delitos transnacionales y el narcotráfico. Desde un comienzo esa fue la posición de la defensa de Colombia y fue lo que la Corte reiteró el día de hoy”.
“En segundo lugar, la unidad, integridad e indivisibilidad del Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los Cayos, y todas las islas que lo conforman, se mantiene. La Zona Contigua que Colombia estableció en el Archipiélago es, en lo fundamental, ajustada al derecho internacional”.
“Además, la Corte aceptó que la Zona Contigua integral le da derechos a Colombia de preservar su patrimonio cultural y arqueológico”.
“En tercer lugar, los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente y que, además, están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva colombiana, tal y como lo han venido haciendo históricamente”.
“En cuarto lugar, la Corte ha señalado que de los puntos y líneas de base establecidos por Nicaragua mediante decreto para definir su mar territorial son contrarios al derecho internacional. La Corte censuró que Nicaragua pretendiera con ese decreto apropiarse de aguas que no le pertenecen. Y resaltó que dicho decreto violaba los derechos y libertades de nuestro país. La contrademanda de Colombia en contra de Nicaragua fue acogida por la Corte.”
“En quinto lugar, la Corte rechazó la pretensión de Nicaragua en el sentido de que declarara que Colombia estaba incumpliendo el fallo de 2012. El principio constitucional mediante el cual los límites de Colombia solamente se pueden modificar mediante un tratado, aprobado por el Congreso no ha sido cuestionado por la Corte, a pesar de la insistencia de Nicaragua.
Y agregó que “la Corte no aceptó la pretensión de Nicaragua de que Colombia fuera condenada a pagar una indemnización. También rechazó la pretensión de ese país que el caso se mantuviera abierto hasta que Colombia garantizara el cumplimiento del fallo de 2012″.
Finalmente, Duque resaltó que “el Gobierno Nacional ratifica el mandato constitucional de defender la soberanía, la integridad de las islas y los derechos de nuestra Nación”.
“Mi Gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia. Así mismo, y de conformidad con el derecho internacional, procuraremos la protección del medio ambiente marino y la continuidad de la interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes y la lucha contra los delitos transnacionales en el área”, indicó.
