De acuerdo con información preliminar de las autoridades, los hechos se presentaron a las 7:20 p.m del martes 5 de abril, en la finca ‘Rincón de Mis Lágrimas’, ubicada en vereda La Oculta, sector El Camino del municipio de Támesis, Antioquia, cuando hombres armados llegaron hasta el lugar y tras confirmar la identidad de Jorge Andrés Hernández De la Cuesta, le dispararon.
Hernández de la Cuesta fue trasladado al Hospital Antonio Roldán Betancur en La Pintada, donde falleció. Al momento de los hechos, su hija se encontraba presente pero resulto ilesa.
El caso fue tomado directamente por el comandante de la Policía Antioquia, coronel Daniel Mazo, quien viajó hasta la zona para iniciar las respectivas investigaciones. El ganadero de 56 años, era hijo de Jorge Hernández Restrepo, exgerente de los medios El Colombiano y presidente ejecutivo del diario económico La República, además de haber sido concejal y senador por el partido Conservador.
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Ante lo sucedido, el partido de derecha centro democrático, en cabeza del ex-senador y la presidenta Nubia Stella Martínez, rechazaron el hecho: “Extendemos las más sinceras condolencias a nuestra querida Juliana (hija) y a sus hermanas, Manuela, María Antonia y Laura”.
A su publicación, se han ido sumando el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, quien aseguró que trabajarán con la Policía y Fiscalía “para que este hecho no quede en la impunidad”.
Periodistas de El Colombiano denunciaron presiones por Hernández
En 2015 el medio periodístico Verdad Abierta, documentó el testimonio de un periodista y reportero gráfico del medio El Colombiano, quienes adelantaban una investigación sobre el despojo y restitución de tierras en Antioquia, y particularmente en la región de Urabá. Ellos, denunciaron haber sido presionados por Jorge Andrés Hernández De la Cuesta.
Pues según información recolectada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), los hermanos Juan Carlos Hernández de la Cuesta y Jorge Hernández de la Cuesta “además de ser accionistas mayoritarios de El Colombiano, figuran como dueños de la Hacienda Flor del Monte, ubicada en Blanquicet, vereda de Turbo. Sobre este predio existe un reclamo de restitución por parte de un grupo de víctimas”.
“Los dos comunicadores viajaron en la mañana del 17 de febrero (2015) a Apartadó. Una vez llegaron al hotel, llamado ‘William Sánchez’, uno de los periodistas recibió una llamada del ganadero Jorge Andrés Hernández de la Cuesta, quien los citó para que hablaran del tema de la investigación”, dijo Verdad Abierta.
En este encuentro, según las fuentes consultadas por el medio, “Hernández de la Cuesta le recordó al periodista y al reportero gráfico que él era ‘su patrón’, en razón de pertenecer a la familia que hoy posee el 50% de la propiedad del diario antioqueño, y que debían ser ecuánimes en sus investigaciones, pues se le estaba dando mucha relevancia a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, y a los campesinos reclamantes de tierras que apoya esta organización no gubernamental, con sede en Medellín”.
A los dos días, narran que en el mismo municipio en el que se encontraban “fueron abordados por un hombre en motocicleta que les entregó un sobre, diciendo que era para ellos. Al abrirlo, se sorprendieron con su contenido: dos sufragios con sus nombres”. Sin embargo, poco se supo sobre quiénes estaban detrás de la amenaza.
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Luego, los periodistas llamaron a la dirección del diario El Colombiano para narrar lo sucedido y les pidieron que se regresar a Medellín. Al arribar a la ciudad, hablaron inmediatamente con las directivas, pero, cuentan que “se acordó guardar silencio sobre el asunto y no hacerlo público”.
Finalmente los periodistas renunciaron al medio de comunicación y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) tuvo conocimiento del caso, por una fuente anónima (que no fueron los afectados) y no directamente por El Colombiano.
“La FLIP rechaza cualquier tipo de injerencia o presión a periodistas frente a sus publicaciones (...) (Y recuerda) que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha subrayado que constituye censura indirecta “los abusos en que puedan incurrir particulares que tienen el poder de impedir el libre flujo de las ideas”.
