La Corte Constitucional ordenó este jueves, 28 de enero, al Gobierno garantizar la seguridad y la vida de los desmovilizados de la guerrilla de las FARC para lo cual dictó “órdenes puntuales para restablecer estos derechos”.
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Así lo ordenó el alto tribunal al declarar el “Estado de Cosas Inconstitucional”, un mecanismo de origen jurisprudencial creado con el fin de proteger los derechos fundamentales de la población en Colombia.
La Corte Constitucional dijo que existe una grave crisis que ha afectado de modo grave los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz de los desmovilizados tras la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016.
”Consideró la Corte que, en efecto, sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la paz fueron desconocidos por la Unidad Nacional de Protección”, dijo la magistrada Cristina Pardo, al leer la sentencia.
La decisión se deriva del hecho de que la Corte falló varias tutelas interpuestas por desmovilizados de las FARC que viven en los departamentos de Guaviare y Nariño.
En las tutelas los exguerrilleros consideraban que sus vidas estaban en peligro y que las medidas adoptadas por el Gobierno han sido insuficientes.
La decisión incluye la creación, en dos meses, de una Sala Especial de Seguimiento en la Corte Constitucional que verificará las órdenes dictadas en el fallo para la materialización del componente de garantías de seguridad de los excombatientes.
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Igualmente, ordena a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que en los próximos cuatro meses se reevalúe el riesgo al que se enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación y a quienes hacen parte del partido Comunes, en el que se transformó la antigua guerrilla.
El senador Julián Gallo, del partido Comunes, aseguró que la decisión de la Corte Constitucional con relación a la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz es “un respaldo” a las denuncias que han hecho.
Recalcó que en “materia de seguridad no se ha avanzado para dar plenas garantías a la reincorporación socioeconómica y política de los firmantes de la paz”.
Según cifras del partido Comunes desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 303 desmovilizados.
